Primero fue la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y ahora el diputado del PP por Castelló, Óscar Clavell. Ciudadanos ha puesto el foco en este último y está indagando en su situación procesal para decidir si exige a Rajoy su cese a cuenta del pacto anticorrupción firmado para facilitar el sí a la investidura del líder nacional del PP. Clavell, está procesado por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó. La juez de Nules aprecia indicios de delito por el pago de 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos, todo ello «pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio» le advirtió de que éste «no se estaba ejecutando correctamente».

El procesamiento fue recurrido en primavera a la vista de que Clavell era diputado. En junio, el PP volvió a presentarlo en su lista al Congreso y revalidó su escaño, con lo que el tema está pendiente de resolución. Con todo, el PP siempre ha defendido que el suyo no es un caso de corrupción y que tiene el compromiso de Clavell de dimitir si se sienta en el banquillo.

Pero Ciudadanos a nivel nacional no le ve claro Su pacto exige la salida inmediata de los miembros del Gobierno y de las Cortes investigados por corrupción, y por ello quiere indagar si es un episodio de corrupción política o de mala praxis. Si fuera el primer caso, exigirán su destitución.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, salió ayer en defensa del diputado e indicó que se trata de un caso de prevaricación administrativa por una denuncia política promovida por la oposición, pero no es un caso de corrupción.

Por otro lado, la portavoz del PP en la diputación de Valencia subrayó ayer que los estatutos marcan que los nueve ediles del grupo municipal de Valencia investigados en la Operación Taula deberían dejar su acta en la apertura de juicio oral. «Los estatutos existen y existen para cumplirlos», dijo y consideró que el momento no ha llegado. Por ello defendió también la permanencia de la diputada provincial Beatriz Simón y del asesor, también imputado, Emilio Lledó. La postura difiere de la del PPCV que mantiene un pulso con los ediles para que dejen el acta de forma inmediata. Contelles, con todo, mantuvo que respalda a la lideresa Isabel Bonig.