Greenpeace ha vuelto a exigir que no se concedan nuevas licencias de explotación a los siete grupos del parque nuclear español en activo, cuyos permisos expiran entre el año 2020 (Almaraz 1 y 2 y Vandellós) y 2024 (Trillo), pasando por las centrales de Cofrentes y Asco 1 y 2, cuyas licencias expiran en 2021. A los ya conocidos argumentos de falta de seguridad, elevados costes de explotación y presunta vulnerabilidad ante un ataque terrorista, los ecologistas añaden un nuevo factor al asegurar que el impacto económico ligado al cierre de las centrales nucleares españolas «supondría la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de los centros y 200.000 empleos a la instalación de nueva potencia renovable en los emplazamientos. Además, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros».
Según el estudio encargado por Greenpeace, el coste de clausurar una central del modelo BWR similar a Cofrentes en Estados Unidos, se estima en unos 700 millones de dólares.
