La ampliación del pacto del Botànic, el acuerdo entre PSPV, Compromís y Podemos que acabó con veinte años de gobierno popular en la Comunitat Valenciana, está ya preparada. La puesta en escena de los nuevos compromisos del gobierno valenciano se producirá en unos días, probablemente antes de que acabe el mes o a principios de diciembre. El acuerdo es fruto de las negociaciones entre las tres formaciones, que comenzaron antes del verano, coincidiendo con el primer aniversario de la firma del pacto, pero cuyo anuncio formal de acuerdo se ha ido retrasando.
Entre los objetivos de la segunda edición del Botànic, en el que se profundiza en muchos de los apartados que se pactaron para la constitución del Consell, figura una batería de leyes ya consensuadas que aspiran a cambiar y modernizar los órganos consultivos e instituciones dependientes de la Generalitat: la Sindicatura de Greuges, la de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu o el Consell Valencià de Cultura. Todas menos la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Una de las reformas incluidas en el texto de la ampliación del Botànic es la de la Sindicatura de Greuges, el defensor del pueblo valenciano. Una institución que el tripartito considera que necesita una estructura estable y más profesional que le permita un mejor conocimiento de la protección de los derechos y libertades de los valencianos que consagran la Constitución y el Estatut d'Autonomia. Según el documento pactado se hace necesaria la modernización para que el órgano realice una mejor evaluación de las políticas públicas. También figura entre los objetivos la aprobación de la reforma de la ley de la Sindicatura de Comptes, ya que la actual data de 1985 y la del Consell Jurídic Consultiu. Este verano tomó posesión el nuevo Síndic de Comptes, pero la reforma de la ley de funcionamiento de esta institución está pendiente de tramitar en las Corts.
Otro de los acuerdos del Botànic es la reforma de la ley del Consell Valencià de Cultura, una institución de la que forma parte desde 2012 Consuelo Císcar, investigada por sobrescostes en la adquisición de obras, y a la que el propio CVC instó por unanimidad a principios de año abandonar su puesto. También el PP, que la propuso, le ha pedido que se marche. En el caso del Consell Jurídic Consultiu la previsión de los partidos que sostienen al Consell es la reforma de la ley. Recientemente se ha producido la renovación de una parte del CJC, la que elige el Consell mientras sigue pendiente la de las Corts, que ya ha abierto el plazo de presentación de propuestas.
Otra de las aspiraciones que figuran en la redacción del acuerdo es la reforma del Estatuto de expresidentes, aunque esta modificación, auspiciada por Podemos, se cerró en falso antes del verano, a juicio de esta formación, después de que PP y PSPV rechazaran en las Corts eliminar los privilegios de los que gozan los expresidentes.
