Compromís y PSPV contarán con el apoyo de Podemos y Ciudadanos para sacar adelante el cambio legal con el que buscan combatir el miedo a la firma de autoridades y funcionarios, un asunto controvertido pues supone abrir la puerta a que la Abogacía de la Generalitat pueda defender a imputados por delitos vinculados con su actividad. El bipartito ha colado esta modifición en las Corts a través de una enmienda a los presupuestos de la Generalitat de 2017 en la que levanta el veto que existía hasta ahora para que los letrados 'públicos' asistieran al personal en delitos contra la Hacienda Pública o el Patrimonio, entre otros. El PP de Alberto Fabra cambió la ley en 2013 para dejar fuera a los imputados de la defensa jurídica pública. Tres años después, el bipartito abre la mano con apoyo de Podemos y Ciudadanos. Se da así la paradoja de que la izquierda que criticó que la Generalitat costeara la defensa de imputados acabe suavizando la línea roja que Fabra puso ante la presión de los casos de corrupción.

Podemos y Ciudadanos han justificado su respaldo en la necesidad de proteger y dar tranquilidad a los funcionarios. «Hay que darles el beneificio de la duda», indicó el síndic Antonio Montiel.

La medida, sin embargo, divide a los sindicatos. El más duro con la enmienda fue Gonzalo Fernández (FSP-UGT) quien considera que la ley actual está redactada correctamente: «Con recursos públicos no se debe denfender delitos sean cometidos por un alto cargo o por un funcionario», indicó. «Si están imputados es porque hay sospecha». «Parece mentira que sea un gobierno progresista el que defienda esta medida, vamos apañados en la lucha contra la corrupción», añadió.

Respecto al miedo a firmar que tienen algunos funcionarios, Fernández indicó que para eso están los informes jurídicos o de reparo. CSI·F sí respaldó el cambio legal aunque matizó que no debe de centrarse solo en altos cargos, sino que debe afectar a todos los empleados públicos y contemplar seguros de responsabilidad civil.

Desde CCOO, por su parte, Juan Cruz avaló la medida ya que indicó que al sindicato le consta que hay funcionarios que se han visto implicados en casos judiciales sin tener nada que ver. Eso sí, pidió que se aproveche el cambio en la ley de la función pública para ayudar al funcionario a plantarse cuando es conminado a firmar.

Desde Intersindical, Salva Sanmartín pidió un debate más en profundidad sobre el camino que ha conducido a una administración con personal «vulnerable» y «más fiel al político de turno que al servicio público». Sanmartín lamentó que el actual Consell no haya consultado este asunto con los sindicatos.