La directora general de la Intervención de la Generalitat, Carmen Vila, ha presentado su dimisión, según han informado fuentes de la Generalitat. El anuncio se produce oficialmente horas después de que Levante-EMV informara de que la decisión ya está tomada. Vila, licenciada en Derecho y funcionaria de la administración local, había ejercido de interventora en la Conselleria de Sanidad y Agricultura desde 2007, y fue nombrada directora general en julio de 2015.
Preguntada por la posible dimisión de Vila en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra aseguró ayer que no tenía constancia de la misma „en el momento de ser preguntada no se conocía oficialmente- pero que al Gobierno autonómico «le gustaría que siguiese en su puesto».
Pero pese a las palabras de Oltra que pueden interpretarse como un intento de retener a la técnica, la decisión de la número dos del cuerpo de interventores ya estaba tomada.
Falta de medios y personal
Aunque oficialmente el Consell no ha informado de las causas por las que se produce la marcha, lo cierto es que el abandono se produce en un contexto de quejas internas por la falta de medios y personal en la Administración autonómica, además del hecho ya conocido de que la diferencia salarial dificulta que la Generalitat pueda fichar a técnicos que trabajan en ayuntamientos. De hecho, dos iniciativas socialistas para los presupuestos del pasado año y del actual para tratar de equilibrar esta situación no han sido apoyadas por el resto de formaciones.
La directora general de la Intervención apenas ha permanecido en su cargo año y medio ya que fue nombrada en julio de 2015 a la llegada al gobierno del nuevo Consell de Ximo Puig.
El cese a petición propia generará, al menos de momento, una vacante en un puesto clave en el organigrama de la Generalitat, al tiempo que agudiza la crisis en un colectivo golpeado por la falta de medios y recursos. La dirección general de la Intervención es el segundo cargo en importancia de la Intervención General, el órgano de control interno que tiene entre sus competencias la supervisión de la legalidad de los actos administrativos de contenido económico.
