El juez del Caso Taula ha declarado causa compleja, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, la pieza separada que investiga el presunto amaño de los contratos en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, durante la etapa de Maria José Alcón. La decisión permite prorrogar hasta el 12 de febrero de 2018 la instrucción, según consta en el auto del titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La ampliación del plazo de investigación está motivada, básicamente, por la elaboración de la pericial arquitectónica encargada por el juez sobre los concursos de adjudicación del centro cultural La Rambleta, la limpieza de las fachadas de la Llotja, la intervención en las Torres de Quart y la restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad.
«Es una pericial múltiple y que requiere el examen de abundante documentación, como ha puesto de manifiesto el perito», admite el juez en el auto en el que declara causa compleja la investigación.
En esta pieza separada se investiga el presunto amaño de ocho contratos (los cuatro anteriores más otros cuatro de la Mostra 2006) y ha imputado a doce personas: la exconcejala Maria José Alcón, su exmarido Vicente Burgos, su exasesor Pedro Aracil y el exyonki del dinero, junto a siete empresarios que lograron los contratos, presuntamente tras pagar comisiones.
