Las réplicas del terremoto del caso Taula parece que no terminan nunca. Aunque sean mínimas, ahí están, aparecen cuando menos se esperan. Si no que se lo digan a Rosa Pérez. La diputada de Esquerra Unida, denunciante de la trama de corrupción que se engendró en la antigua Imelsa cuando gobernaba el PP en la Diputación de Valencia, protagoniza un informe según el cual debería ser expulsada del consejo de administración de la empresa pública «por conflicto de intereses», una semana después de que se la expulsara de la personación en el caso justamente por estar investigada en la causa.
El malestar en la diputación viene, sin embargo, por el origen del informe. El documento fue encargado por la actual única gerente de Divalterra, Agustina Brines, de Compromís, que dudaba de si dar o no documentación a la diputada porque está imputada. Esta «unilateralidad» a la hora de pedir asesoría ha soliviantado los ánimos en el PSPV, quienes aseguran que no se va a hacer caso a las recomendaciones del informe. «El presidente, Jorge Rodríguez, ni se lo plantea», indicaron fuentes consultadas.
El escrito recoge además que no se le debería dar documentación a la diputada de EUPV, algo que, explica ella, ha rechazado el juez que lleva el caso Taula. «Soy incómoda y por eso me quieren fuera», lamentó ayer la edil de Catarroja.
Según Pérez, la quieren expulsar de Divalterra porque paralizó un contrato de más de 600.000 euros para llevar la acusación particular de Divalterra, «un posible pelotazo», calificó ayer. El informe de la consultora Tomarial, difundido ayer por Las Provincias, apunta, además, a los demás diputados que pudieran estar en las mismas condiciones que Pérez, investigada por tener asesores en Imelsa. Estaría fuera del consejo también Emili Altur, de Compromís.
