En plena tormenta por la reversión del hospital de Alzira, la inspección que ha hallado irregularidades en el servicio de urgencias del centro añade más leña al fuego del debate abierto. Aunque la repercusión económica del posible quebranto ocasionado a la administración se considera de poca entidad en relación con el volumen total de facturación de las concesionaria, el informe señala como probable que los sobrecostes detectados se arrastren desde el inicio de la concesión, en el año 2000. La externalización del departamento de la Ribera abrió el camino a un modelo promovido por el Consell del PP a lo largo de los años siguientes, que se extendió a los hospitales de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent.
Los inspectores ven incomprensibles las diferencias cuantitativas y cualitativas observadas entre las distintas fuentes de datos cotejadas: la que recoge la facturación en urgencias y en atención primaria, la base de datos que recopila el total de visitas en ambos servicios y la información aportada por la concesionaria. El informe emite una recomendación válida para las concesionarias de los cinco departamentos, basada en la necesidad de una progresiva convergencia de los diferentes y discrepantes sistemas de información sanitaria utilizados, al sostener que, hasta ahora, se han empleado «con ligereza» y los controles han sido «poco rigurosos».
