La Conselleria de Justicia ha ordenado a Marcial Díaz Garrigues, actual portavoz del PP de Buñol, que devuelva los 63.200 euros que cobró de la Fundación Desarroya en calidad de gerente entre 2008 y 2010, cuando al mismo tiempo era patrono de esta entidad con sede en Macastre y que está en proceso de disolución actualmente.
El dinero „correspondiente a tres anualidades, una a jornada completa, 32.900 euros, 2008; y dos parciales, 16.400 y 13.800 euros, 2009 y 2010 respectivamente„ tiene que retornarlo „según la conselleria„ a las cuentas de esta fundación, que paralelamente está siendo investigada por un juzgado valenciano por emitir facturas falsas en tres proyectos financiados con fondos de Bruselas y de la Conselleria de Agricultura con un presunto quebranto económico de cerca de 151.500 euros para las arcas públicas.
Marcial Díaz, Agente de Desarrollo Local en la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva desde enero de 2011 y exdirector general de Formación Profesional de Educación, ha presentado un recurso de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución emitida por la administración autonómica por considerar que el sueldo que percibió es legal.
Por su parte, las autoridades de la Conselleria de Justicia sostienen que es incompatible que el patrono de una fundación pueda autocontratarse aunque como en este caso hubo un acuerdo del Patronato de la Fundación Desarroya y los otros dos patronos „a finales de 2007„ votaron a favor de que cobrase como gerente. Tal como sucedió a partir de enero de 2008.
El artículo 22.8 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana dice: «Los Patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización del Protectorado».
Asimismo, el artículo 13.5 de la citada Ley 8/1998 establece: «Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función (...)».
Liquidación de la fundación
Justicia inició en 2015 un procedimiento administrativo contra Fundación Desarroya y Marcial Díaz que ha terminado con la denegación de su derecho a cobrar un sueldo y con la resolución que le obliga a devolver el dinero. La Conselleria defiende que Marcial Díaz, antes de autocontratarse, debió pedir permiso al Protectorado de Fundaciones, el máximo órgano competente en la Comunitat y que no puede existir retroactividad para que se haga efectivo el derecho de percibir los emolumentos. Por su parte, la Sección 5 del TSJ trabaja ya en dirimir si la resolución denegatoria de Justicia es procedente o por el contrario es el concejal de Buñol quien tiene razón. En octubre de 2015, Marcial Díaz, en calidad de patrono liquidador pidió a la Conselleria de Justicia que extinguiese la Fundación Desarroya.
El departamento autonómico dirigido por Gabriela Bravo le reclamó entonces las cuentas anuales de la entidad, desde 2008 a 2014, „que llevaban años sin presentarse ante el Protectorado de Fundaciones„ como requisito indispensable para atender su petición.
Levante-EMV ha tratado de contrastar la versión de Marcial Díaz durante varios días y en diversos lugares donde trabaja y desarrolla su labor política como la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva y en el Ayuntamiento de Buñol. Por teléfono y por correo electrónico. Pero no ha contestado. Tampoco ha respondido a las llamadas y a los wasaps en su móvil personal.
