El callejón sin salida al que se ven abocados los investigadores valencianos cuyo contrato temporal está expirando, sin posibilidad de ser renovado por una limitación legal en la Ley de Presupuestos de 2017, puede tener una salida. Al menos se va a intentar. La Generalitat está negociando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que elimine o, en todo caso, flexibilice la tasa de reposición de trabajadores públicos que impide renovar a los investigadores con contrato temporal en los centros públicos.

Fuentes de la Conselleria Justicia y Administración Pública señalaron ayer que han mantenido una reunión con el Gobierno para que se alcance una solución. El martes se reunieron en Madrid con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. El acuerdo alcanzado es que la conselleria que dirige Gabriela Bravo eleve al ministerio un informe con las necesidades de personal ajeno a los servicios esenciales. «Será una radiografía con las necesidades y las soluciones propuestas para que el Ministerio de Hacienda las estudie y pueda ser flexible», desliza la portavoz de la Conselleria de Administración Pública.

¿Entrarán los investigadores en ese informe? La Conselleria de Justicia no puede garantizarlo. Pero para la Conselleria de Hacienda es una prioridad. El propio conseller Vicent Soler aseguró ayer a Levante-EMV que él mismo expresó en la reunión preparatoria de la última conferencia de presidentes autonómicos la necesidad de no solo atender a los servicios por su cantidad, sino también por la calidad y la importancia que revisten. Y la investigación lo es, porque si no se atiende «se rompe la cadena del conocimiento» y afecta al nuevo modelo productivo que ha prometido impulsar el Consell, dice Soler.

Todo apunta, pues, a que la Generalitat propondrá al Ministerio de Hacienda que consienta una especie de excepcionalidad científica para que no ocurra lo sucedido en el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, que gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de València, donde el fin del contrato de una investigadora de amplia trayectoria, sin posibilidad de consolidar plaza, ha motivado la dimisión del director general y el director científico del centro.

Consolidar plazas de temporales con más de 5 años

La Generalitat está presionando al Gobierno para que elimine las cláusulas restrictivas en materia del número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo por las Administraciones en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Si se mantienen las aprobadas en los últimos ejercicios, la Generalitat asegura que no podrá hacer frente a los tres graves problemas derivados de altas cifras de vacantes, interinos y jubilaciones previstas. La Conselleria de Justicia y Administración Pública pretende que las plazas incursas en procesos de consolidación no computen dentro de la tasa de reposición para poder ordenar los recursos humanos de las Administraciones públicas. Además, reclamará una reforma del precepto legal que impide consolidar las plazas ocupadas de forma interina o temporal con posterioridad al 1 de enero de 2005, de manera que puedan acogerse a esta vía de acceso al empleo público todo el personal interino con al menos cinco años de antigüedad.