El Arzobispado de València ha expresado su postura oficial sobre la gestación subrogada en pleno debate en Europa sobre esta cuestión ya que en numerosos países han aceptado esta fórmula por la que una pareja de gays, o de heterosexuales que no puede tener hijos, consigue su objetivo de ser padres mediante los denominados vientres de alquiler. En un artículo publicado en el periódico semanal de la Iglesia valenciana, Paraula, David Amat califica de «retroceso en la dignidad de la persona» esta práctica y recuerda que el Parlamento Europeo, en su informe anual de 2014 sobre los Derechos del Hombre, condena la gestación subrogada «por atentar contra la dignidad de la mujer, cuyo cuerpo y función reproductiva son utilizadas como mercancías».

En la misma línea, el autor de este texto subraya que la Conferencia de Obispos de la UE, en febrero de 2015, ya emitió un documento en el que condenaba «la subrogación gestacional» porque supone «un uso e instrumentalización de la mujer sin precedentes». No en vano, los obispos la consideraban «una ofensa grave contra la dignidad humana, aún más inaceptable si consideramos que, en la mayoría de los casos, se trata de mujeres pobres, atraídas por una suma de dinero». La Ley Española de Reproducción asistida, según cita Paraula, afirma que «será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero». En la UE, está prohibida la maternidad subrogada en España, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Austria, Finlandia y Estonia. En Europa, tampoco es legal en Suiza, Islandia y Moldavia. En cambio la subrogación comercial, en la que la mujer gestante percibe un pago por su embarazo, sólo la aprueban en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Chipre.

Respecto a la segunda versión, en la que la madre se ofrece a gestar el embrión de manera altruista, es legal en Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría, Portugal y Grecia.

La jurista Carmen Mateu, componente del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de València, considera que esta forma de conseguir ser padres es en realidad: «Una mercantilización de niños que podrá permitirse la gente con dinero». Para ella, hablar de maternidad subrogada es «un eufemismo». «Se alquila un útero, con lo que se cosifica a la mujer y al niño». El Arzobispado de València recuerda que el deseo de tener hijos «es legítimo pero no constituye un derecho ni mucho menos», a juicio de la profesora de la Facultad de Derecho de la UCV, Pilar Estellés. Además, el Magisterio de la Iglesia Católica, que se fundamenta en la instrucción Donum Vitae, sostiene que el niño debe ser «exclusivamente» fruto de «la entrega mutua de los esposos, de su amor y fidelidad». Por último, el doctor en Farmacia Julio Tudela alerta de los vínculos maternos rotos entre la madre gestante y el pequeño que lleva en su vientre y que tiene previsto ceder a otros progenitores.