«No hay ninguna guerra interna en el Consell». La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, salió ayer al paso de la polémica surgida en el seno del gobierno valenciano a cuenta del subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, en cuya declaración en el portal de Transparaencia no aparecía hasta hace una semana que posee una clínica oftalmológica desde hace más de 20 años cuyo local tiene arrendado ahora a una sociedad que, a su vez, pertenece a un grupo que ha participado en el plan de choque de la Generalitat.
Un «error» que se ha colado entre las grietas de la conselleria que depende de Manuel Alcaraz (Compromís), quien dijo sentirse «engañado» por la consellera socialista Carmen Montón. La publicación del wasap de reproche por Levante-EMV parecía ahondar aún más en esta brecha entre los socios de gobierno. «Convendría que al igual que las deliberaciones del Consell son secretas, las del grupo de wasap también lo fueran», apuntó ayer Oltra. Añadió la portavoz del ejecutivo que «hay que tratarse y hablarse con más cariño» y que estos roces surgen por «autoexigirse» demasiado a sí mismos los miembros del Consell.
«Hay que aplicar la ley con sentido común», remató. En este sentido, defendió que la norma de incompatibilidades del Consell se fraguó en la era «postcorrupta del PP» y que «no se puede llevar a absurdos. Por esa regla de tres la consellera de Vivienda no podría comprar una casa», defendió Oltra.
La vicepresidenta destacó que en el caso de Campos, cerró su negocio al entrar a formar parte del Consell y decidió alquilar su clínica, «y no hay nada más», ya que el grupo de empresas mantiene las mismas cifras de negocio con la administración desde hace años.
«Una cosa es un error de no poner el dato en la casilla correspondiente, y otra un horror, que es lo que ha hecho el PP de Milagrosa Martínez, de Blasco o el que revienta los ordenadores con la contabilidad en b del partido», sentenció.
El informe jurídico reduce el caso a un «mero alquiler»
El informe del servicio de régimen jurídico de personal de la conselleria de Sanidad establece que el subsecretario Campos no incurrió en incompatibilidad al tratarse de «un mero alquiler de un local». Este caso se está comparando con el de Mónica Cucarella, directora general de Internacionalización que dimitió por ser apoderada de una gasolinera. En esta ocasión, la conselleria del ramo ha hecho el informe jurídico sobre la compatibilidad. Campos acudirá además a las Corts a dar explicaciones «y lo haremos las veces que haga falta», señaló ayer Oltra.
