La Secretaría Autonómica de Turismo, adscrita a Presidencia de la Generalitat, asumió ayer que el proceso de integración del personal de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) a la Administración de la Generalitat no podrá ser tan automático como prevé la futura ley de Turismo. Fuentes del departamento que dirige Colomer insistieron en que en sus planes nunca ha estado consolidar «privilegios» de los trabajadores (en su mayoría laborales contratos en su día sin procesos selectivos) y que están pendientes de que Función Pública les indique de qué manera la entidad puede convertirse en organismo autónomo de derecho público con las garantías legales.

Tal como ha informado este diario, el proceso de reconversión de la AVT ha abierto la caja de los truenos, ya que la ley prevé la integración del personal (tanto el funcionario como el laboral fijo o temporal) en la relación de puestos de trabajo de la Generalitat. La ley no prevé su transformación en funcionarios, sino que queden con su misma situación laboral, pero en la plantilla de la Administración, tal como están en el Servef. Y ahí radica el problema, porque con la actual ley de la función pública, según fuentes sindicales, no es posible, porque sólo se concibe funcionarios integrados en cuerpos. El temor es que el proceso tenga un efecto llamada y otras entidades intenten un proceso similar que acabe consolidando derechos laborales de personal «a dedo».

Colomer mantuvo ayer una tensa reunión con dirigentes de la FSP-UGT, quienes le advirtieron de que irán a los tribunales si el proceso prosigue. La única vía para la integración pasa por un proceso de oposiciones. Es la máxima de Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo, cuyo departamento debe realizar un informe jurídico preceptivo y tiene en sus manos parar el proyecto.

Turismo se ha encontrado un problema sobrevenido, que, en realidad, no esperaba. Su objetivo es un departamento más potente, con acceso a Intervención y a informes de la Abogacía. Fuentes del departamento que dirige Colomer reiteraron que están de acuerdo en que la adaptación de los trabajadores se haga con transparencia, incluyendo ofertas de empleo y apuntaron a la posibilidad de un proceso transitorio hasta que se convoquen estas pruebas. El problema es que una convocatoria de oposiciones lleva tiempo y, además, las plazas que salen a oferta están limitadas por el Gobierno central.