Se ocupan de las grandes áreas de los hospitales: Oncología, Urgencias, Pediatría... Trabajan para hacer que los servicios que dirigen funcionen de la mejor manera, a veces con los recursos justos. A los jefes de servicio de los hospitales se les reconoce voz y voto para organizar a su equipo. Decidir con quién trabajan y con quién no. Lo que está en cuestión son los modos en que eso se lleva en ocasiones a la práctica.
«Hay que entrar un poquito en el juego; no puedes entrar en la guerra. No puedes entrar en un hospital sin el beneplácito de la dirección ni del jefe del servicio». La frase, grabada por una anestesista que intentó acceder por bolsa a una plaza del Hospital Clínico, resume bien a las claras el poder que ejercen algunos jefes que han convertido sus servicios en una especie de reino de taifas.
La práctica ha saltado a la opinión pública gracias a esta grabación y de ahí a los tribunales, pero ya era bien conocida en el ámbito de la sanidad pública. Conocida y aceptada. «La gente renuncia porque las plazas son conocidas», se le llega a decir a la aspirante dándole a entender que si no eres la persona que la jefatura tenía en mente para esa plaza ni lo intentes, porque no será para ti. «Esa plaza se ha movido internamente para asegurar a gente de aquí», se le explica, con la orden de renunciar a renglón seguido.
«En Italia se llama mafia. Aquí lo llamamos Medicina», llegó a decir el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas.
El que la burbuja haya estallado gracias a la difusión de la grabación ha obligado a la Conselleria de Sanidad a mover ficha y a adoptar una postura pública contra una práctica contra la que ya se quería actuar.
«Seremos inflexibles», anunció la consellera Carmen Montón cuando el escándalo de las presuntas coacciones del Clínico estalló en junio del año pasado para, acto seguido, abrir un expediente disciplinario. El problema es que la apuesta de la administración por abordar el problema va a tener que esperar pacientemente hasta que se resuelva, de forma firme, el proceso judicial contra el jefe del servicio y una de sus jefas de sección (la que supuestamente hizo la llamada) que acaba de ser reabierto. La conselleria, de hecho, no ha llegado a valorar la opción de que la Abogacía de la Generalitat se persone en el proceso judicial.
El paso atrás al que obliga la ley (el expediente disciplinario debe quedar aparcado ante la apertura del proceso judicial) deja a la administración por ahora, sin posibilidad de actuar y sin fecha para poder retomar un proceso que, en cierto sentido, tiene más armas contra los presuntos culpables que un proceso judicial por presuntas coacciones.
El abuso de autoridad, sancionado
De esta forma, si el caso termina judicialmente con una sentencia condenatoria por coacciones, Sanidad podría retomar sin problemas el expediente disciplinario y aplicar sus propias sanciones. Incluso si esta resolución judicial fuera exculpatoria, la administración tendría recursos para sancionar comportamientos o hechos que no se hubieran valorado en la sentencia lo que da un margen mayor a la administración.
Esa es la baza que quiere jugar la Conselleria de Sanidad. De hecho, el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud reconoce como falta grave el «abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones» y como falta muy grave «el exceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado o al servicio».
Las sanciones que se podrían aplicar depeden de su alcance o la reincidencia pero pasan por la separación del servicio, el traslado forzoso o la suspensión de funciones. Su posible aplicación deberá esperar, sin embargo, a que primero hable la Justicia.
