Bajada de impuestos, adelgazamiento de la Administración y apuesta decidida por las concesiones y la gestión privada de los servicios públicos. Estos son tres de los principales pilares de la ponencia económica que el PPCV llevará a su Congreso Nacional, un cónclave que revalidará a Isabel Bonig al frente del partido, pero que también marcará la hoja de ruta ideológica de un partido con aspiraciones de regresar a la Generalitat en 2019. «No es un programa electoral», indicó ayer en rueda de prensa el diputado Rubén Ibáñez, coordinador de la ponencia, pero, advirtió, «marca nuestra posición económica, que es claramente liberal».

Y así es. El documento, en el que también han participado Juan Carlos Caballero, Juan Fuster, Juan José Berenguer y Francisco Izquierdo y que lleva por título «La ruta de las oportunidades» contiene un total de 279 medidas entre las que se incluyen propuestas concretas para bajar los impuestos en la Generalitat, una reforma fiscal centrada en tributos que gravan el patrimonio. Así, se plantea volver a bonificar al 99 % las herencias (impuesto de sucesiones y donaciones), revisar a la baja el que grava las grandes fortunas (Patrimonio) y revisar el impuesto de transmisiones patrimoniales (el que se paga por la compra-venta de inmuebles), de tal manera que no sea, como hasta ahora, único.

Los populares plantean también una Administración más reducida y en concreto, plantean reducir el sector público empresarial en busca de uno que sea «sostenible, busque el talento y no el «enchufe». Ibáñez acusó al nuevo Consell de incrementar el gasto en más de 266 millones en 2017 para financiar las cinco nuevas entidades creadas en esta legislatura.

El diputado indicó que había que seguir la línea marcada por el anterior Consell de Fabra en su plan de reducción de las empresas públicas. Cabe apuntar que, tal como avanzó este diario, las dos terceras partes del personal de estas entidades fueron contratadas «a dedo» a lo largo de los sucesivos mandatos del Partido Popular.

El PP quiere ahora un «nuevo redimensionamiento, suprimiendo organismos inútiles, si bien mantiene la vigencia de las diputaciones, ya que, según subrayó Francisco Izquierdo, garantizan la igualdad de oportunidades en todos los municipios.

Tal es el afán de reducción de la Administración que el diputado Rubén Ibáñez llegó a cuestionar la urgencia del Consell en acabar con la tasa de reposición de efectivos, un límite que establece la ley de presupuestos generales del Estado para cubrir determinados puestos de funcionarios y que lleva años bloqueando las ofertas de empleo público en la Generalitat con el consiguiente envejecimiento de la plantilla. Martínez acusó al Consell de mentir y excusarse en este límite que, destacó, no afecta a los servicios más urgentes. «Si les falta personal porque, por ejemplo, en Educación se recorta el capítulo I», se preguntó.

La otra gran apuesta del nuevo PPCV tiene que ver con las fórmulas de colaboración pública-privada como forma «eficiente» de la gestión de los servicios públicos. De hecho, para los populares renunciar a la gestión indirecta por «perjuicios ideológicos» tiene un coste tanto en términos económicos como de calidad. En suma, el partido cree que la participación de la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos y sanitarios así como en la explotación de infraestructuras tiene ventajas.

En este contexto, Ibáñez abogó por la continuidad del modelo Alzira en la gestión sanitaria. Según mantuvo, la administración no ha demostrado que esta fórmula sea menos eficiente que la pública o que presente peor servicio: «Las concesiones no son demonios con patas, como cree el Consell de Puig y Oltra», indicó al tiempo que subrayó la que las irregularidades que se investigan judicialmente no invalidan el modelo.