«La Diputación de València sí que tiene medios para saber si estos convenios eran legales o no, y no los ayuntamientos. ¿Cómo es posible que los servicios jurídicos de la diputación no hayan previsto este tipo de problemas?». Esta pregunta la lanza Ricardo Sixto, diputado en el Congreso por Esquerra Unida, partido que también forma parte del gobierno cuatripartito de la corporación provincial que se está haciendo cargo de las defensas de los 187 ayuntamientos denunciados por la Inspección de Trabajo por conveniar con colegios profesionales los servicios técnicos en vez de contratarlos en plantilla.
Según publicó Levante-EMV el domingo, los primeros juicios iniciados a raíz de estas denuncias están siendo desfavorables para los ayuntamientos. La diputación señaló en este sentido que todos estos fallos serían recurridos (probablemente llegarán más porque van sentando jurisprudencia, indicaron fuentes consultadas). Además, se está trabajando en una alternativa al sistema actual de contratación.
Según Judith Capellino, alcaldesa de Riola, uno de los municipios condenados, esta sentencia ha sido «un gran jarro de agua fría». Para la edil, «los ayuntamientos no somos responsables de esta situación ´irregular´, la diputación ofrecía este tipo de convenios y nosotros simplemente nos adherimos», defendió.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha archivado la querella interpuesta por Rafael Soler, exgerente de Imelsa (ahora Divalterra) y actual diputado provincial del PP, contra la diputada de EUPV Rosa Pérez, denunciante del caso Imelsa, por injurias y calumnias.
Soler se querelló contra Pérez como consecuencia de una rueda de prensa que realizó el 22 de abril de 2015 en la plaza de Manises. En la querella se exigía a la diputada provincial la cantidad de 15.000 € en concepto de indemnización por presunta vulneración del derecho al honor.
