¿Qué le ha parecido la sentencia contra la tuitera Cassandra Vera, condenada por colgar chistes sobre Carrero Blanco?
Estamos en una época de restricción de los derechos y las libertades. Desde JpD somos muy críticos con todas estas condenas por delitos de expresión en las redes sociales, porque entendemos que un exabrupto, aunque sea inadmisible, debe quedar en el ámbito de la libertad de expresión y en ningún caso debe ser merecedor de un reproche penal. El problema viene por la redacción del artículo 578 del Código Penal, que regula las condenas por el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas. Es necesario proteger a las víctimas, pero ese artículo debe ser más preciso. Además, desde JpD entendemos que hay una jurisprudencia mordaz, porque últimamente se vienen dictando una serie de resoluciones que limitan una libertad fundamental, como es la libertad de expresión.
Hablamos de las llamadas «leyes mordaza»...
Claro, la ley Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Pero por otra parte está la labor de los tribunales a la hora de interpretar, de manera restrictiva, los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El Tribunal Supremo está interpretando de forma rigorista ese artículo 578, y eso lleva a condenas que para nosotros son restrictivas. Hablo de casos como el de César Strawberry, que fue absuelto por la Audiencia Nacional, una sentencia que después sería revocada por el Tribunal Supremo, que finalmente le condenó.
¿Necesitamos reformular algunos artículos del Código Penal con vistas a su aplicación en las redes sociales?
Lo que es realmente necesario es que el legislador sea respetuoso con la Constitución española. Es cierto que en las redes sociales se pueden cometer hechos delictivos, pero no todo es sancionable. Hace poco veíamos el caso del autobús de Hazte Oír: desde JpD condenamos ese mensaje, que nos parece inaceptable, pero eso no quiere decir que sea reprochable penalmente.
¿Hay demasiadas injerencias por parte de la clase política en la justicia?
Hay que tener en cuenta un informe de la Comisión Europea de 2016 en el que España figura como el sexto país por la cola en atención a la percepción por una mayoría de los ciudadanos respecto a la falta de independencia de los tribunales. Y los propios ciudadanos apuntan como causas de la merma de independencia las injerencias del poder ejecutivo en el judicial. Y últimamente, hemos asistido a algunas intervenciones de miembros del Gobierno, respecto a la labor de la Fiscalía o de algunas magistradas, que se pueden interpretar como injerencias.
También hemos asistido a cambios controvertidos en la Fiscalía...
Sí. Yo creo que el Gobierno, durante estos años, ha demostrado que es poco respetuoso con la autonomía del ministerio fiscal. Y creemos que algunos de los nombramientos hechos en la Fiscalía General del Estado son más fruto de la influencia política que del respeto a principios estrictamente profesionales. Por eso insistimos en que debe haber transparencia en esos nombramientos, para que sea algo más tangible, y que deben hacerse conforme a los criterios de mérito, capacidad y respetando la igualdad de género. Y esto último es muy necesario, porque en la carrera judicial hay una mayoría de mujeres, que supera el 62% entre los menores de 51 años, pero en órganos como el Tribunal Supremo esa presencia es mínima, de sólo un 13% en ese caso.
¿Cómo ha visto las recientes vinculadas al caso Nóos?
La sensación que tengo es que, una vez más, se pone de manifiesto que la justicia es igual para todos. Se ha sentado en el banquillo a un miembro de la Casa Real y a su cónyuge.
Pero el cónyuge ha quedado en libertad, pese a ser condenado...
Creo que no debemos olvidar que en nuestro sistema judicial, y en un Estado democrático, la libertad es la regla general y la privación de libertad es la excepción. El señor Urdangarín había acudido a todos los llamamientos que le había hecho el tribunal, hasta ahora no ha habido la necesidad de adoptar una medida tan gravosa como es la pena de prisión. Hay que evitar la demagogia: el señor Urdangarín es un ciudadano como los demás y ser miembro de la Casa Real no es un privilegio, pero tampoco tiene que ser algo que penalice a las personas. El sentido de la justicia es aplicar la ley por igual a todo el mundo. Otra cosa es que el Gobierno deba poner más énfasis a la hora de perseguir los delitos de carácter económico y en especial el fraude fiscal, porque estamos hablando del dinero de todos.
