La escuela concertada volvió a mostrar ayer su malestar sobre la decisión de la Conselleria de Educación de suprimir 27 unidades de primero de Bachillerato de una veintena de centros. Ayer, el arreglo escolar de los conciertos confirmaba los datos provisionales y, como ya publicó este periódico, solo tres centros han recuperado unidades de primero de Bachillerato después de alegar. Se trata del Salesianos de Alicante, los Dominicos de València y el Mater Dei de Castelló.

Joaquín Sanz, del sindicato USO, lamentó ayer que la conselleria no haya rectificado y haya tenido en cuenta la multitudinaria manifestación de la comunidad educativa de la escuela concertada.

Para Sanz, la supresión de unidades en la concertada, conllevará «a largo plazo la pérdida significativa de puestos de trabajo». USO calcula que se verán afectados un centenar de profesores, tres por cada unidad. «Los recortes no afectan a quien está económicamente bien, ellos se pueden pagar la escuela privada, sino a quien no tiene ese nivel adquisitivo», aseguró.

Por su parte, desde Fsie lamentaron ayer que la enseñanza concertada «es subsidiaria de la enseñanza pública» para la conselleria, y apuntaron que la desestimazación de las alegaciones ha causado «un profundo malestar y una inmensa incertidumbre en los centros afectados y en los profesionales», algunos de los cuales emprenderán la vía judicial.

«Se ha consumado la escasa viabilidad a medio plazo de muchos centros, la inestabilidad laboral y la inobservancia de un derecho constitucional como es la libertad de enseñanza, que se pone en entredicho por un interés ideológico, político y partidista», manifestaron.

Por otro lado, la Federación de Educación de CC OO, criticó que no habían podido realizar un «examen exhaustivo» del arreglo escolar porque el documento tan solo les llegó un día antes de su publicación, el viernes, a pesar de «haberlo pedido desde hace mucho tiempo».

«Queríamos ver la ´foto finish´ y saber si teníamos que hacer alegaciones sobre los centros concertados, además de los públicos», explicó ayer Xelo Valls, la secretaria general de FE CC OO PV. «La información ha llegado muy tarde, no nos ha gustado porque limita posibles intervenciones sindicales y no podemos hacer un análisis con anterioridad», apuntó.

USO también acusó a la conselleria de «falta de transparencia» y de no ofrecer «datos objetivos».