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Sector público

El Consell rastreará la vida laboral del sector público para poner orden en la plantilla

La Conselleria de Hacienda busca información en el Servef y la Seguridad Social para completar y contrastar datos de sus propias firmas

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. EFE/ Domenech Castelló

La Conselleria de Hacienda lleva dos años tratando de poner orden el caos que heredó en el sector público empresarial y, dadas las dificultades encontradas, es posible que aún le quede mucho más tiempo antes de tener una radiografía fiable de las plantillas.

La información proporcionada por las entidades y empresas públicas ha llegado a cuenta gotas y, además, muchos datos están por pulir dada la complejidad de las situaciones laborales de un sector que integra desde sociedades mercantiles hasta fundaciones. Es por eso que, desde la Dirección General del Sector Público se ha decidido acudir a otras fuentes de información 'externas' para contrastar y completar la información que tienen encima de la mesa.

Tal como ha ido contando este diario, el departamento que dirige Vicent Soler tiene una patata caliente con un sector público que fue creciendo de forma exponencial durante la etapa de gobierno del PP y que llegó a convertirse en una auténtica agencia de colocación. Tal es así, que es mínimo el personal que entró por un proceso selectivo: sólo un tercio.

Las estimaciones, sin embargo, han ido cambiando conforme la conselleria ha ido contrastando los datos que le daban las entidades. De las 5.504 personas contabilizadas, en estos momentos, se baraja la cifra de 3.467 de laborales fijos sin proceso selectivo. A estos habría que añadir, eventuales, temporales, contratos por obra y servicio, etc. El último dato es que solo 500 ganaron su puesto gracias a un proceso selectivo, no necesariamente un concurso-oposición.

Sin embargo, la conselleria sigue sin saber algunos detalles sobre el origen de los contratos que podrían resultar de gran ayuda, de cara a valorar el futuro de estos trabajadores y trabajadoras. El problema es que, en muchos casos, esta información no está disponible o no la han encontrado en sus archivos las cerca de 40 entidades que conforman el sector público.

Desde la conselleria se asegura que no es un problema de opacidad, sino que en muchos casos los expedientes no existen, no se registraron o desaparecieron. Ante tal marasmo, se buscarán fuentes alternativas. Una de ellas es la Seguridad Social. Hacienda ha remitido una carta a las entidades para que soliciten la vida laboral de la empresa y de esta manera poder conocer algo más sobre el origen de los contratos y las diferentes modalidades.

Del mismo modo, en la última reunión mantenida con los sindicatos, se planteó la opción de pedir información al Servef Cabe apuntar que en algunos casos, la selección del personal se realizó a través del Servicio Público de Empleo o, si se remonta a muchos años atrás, en el INEM. De ser así, piensan en la Generalitat, habrá constancia en este organismo de la petición de la empresa en cuestión y cuáles fueron (si los hubo) los criterios de selección.

Qué hacer con el personal es uno de los temas que deberá resolver la nueva ley del sector público, un proyecto legislativo complejo que sigue verde, aunque ya existe un borrador completo. El texto, del que ha venido informando este diario, contempla que a partir de ahora la contratación en el sector público empresarial deberá regirse por el sistema de concurso-oposición.

Exigencia judicial

Pero hay otro asunto más imperioso y que tiene que ver con la transparencia en el sector público al que no sólo está obligado el Consell moralmente, sino también por exigencia judicial. Cabe recordar que UGT ganó una sentencia que obligaba a la Generalitat a publicar de forma inmediata la relación de puestos de trabajo. Sin embargo, expirado ya de sobra el plazo dado por los tribunales, y según la documentación facilitada a los sindicatos, sólo hay nueve plantillas publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat.

Según Hacienda hay 14 más que ya han recibido el informe favorable de la Dirección General del Sector Público, si bien diez todavía se están tramitando y cuatro cuentan con informe desfavorable, como es el caso de Ciudad de la Luz, Ciegsa, Palau de les Arts y la Epsar.

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