La consellera de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, Elena Cebrián, propuso ayer que los fondos que genera la adquisición de derechos de emisión de CO2, principal responsable del calentamiento global y que cada año tienen que abonar las empresas valencianas, reviertan en la Generalitat en lugar de en el Estado para invertirlos en «políticas de adaptación» contra el cambio climático.
Elena Cebrián realizó esta propuesta en el marco de la conferencia inaugural del ciclo «Una alternativa valenciana ante el reto del cambio climático» convocada por el Club Mercantil Diario Levante y FCC Medio Ambiente y celebrada en el auditorio de la Fundación Bancaja.
Ante un auditorio repleto de representantes de las instituciones, el mundo empresarial, técnicos en medio ambiente y gestores, Cebrián explicó que el 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se concentran en 185 instalaciones, la mayoría industriales o energéticas, sujetas al control de la conselleria y que se ven obligadas a comprar derechos de emisión cuyo importe, unos 5 millones de euros en el caso valenciano, acaban en las arcas del Estado.
«Hemos reclamado que ese dinero revierta aquí, donde se ha generado, y que sirva para desarrollar políticas de adaptación que son competencia de la Comunitat Valencia», explicó.
«Debería usarse para invertir en nuestros bosques, para construir nuevas infraestructuras hídricas y de defensa ante inundaciones, o para preparar nuestra costa y nuestras infrestructuras turísticas ante el aumento del nivel del mar», anunció.
El problema, sin embargo, se concentra en el 60 % de las emisiones de GEI procedentes de «sectores difusos», que incluyen el transporte, la agricultura, la ganadería, los residuos, el sector residencial, incluido el turismo, etcétera, y donde es más difícil intervenir.
La Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático quiere incidir en estos sectores mediante medidas de mitigación ya en marcha y que permitan avanzar hacia una economía baja en carbono.
Según explicó la consellera, la situación de partida no es la más favorable: los valencianos emiten cada año 25,7 millones de toneladas de GEI, lo que supone un 45% más de las que se liberaban en el año base de 1990. «En 2020, de aquí a nada, tendremos que haber reducido un 20% esas emisiones, las de 1990, y un 40% en 2030».
El problema, añadió, es que en ese mismo periodo (1990-2015) en el que la economía valenciana creció un 25%, las emisiones aumentarón por encima de ese porcentaje, lo que evidencia que no se ha avanzado nada en el proceso de «descarbonización».
En este camino, la consellera cree imprescindible una «transición energética profunda» y por ello colabora con la Conselleria de Economía para incluir la energía en la nueva estrategia valenciana de cambio climático, al tiempo que reclama del Gobierno un plan «urgente» que potencie las energías renovables «y deje de penalizar el autoconsumo».
Las iniciativas de mitigación, explicó Cebrián, abarcan campos que van desde el urbanismo, la movilidad, la introdución de criterios de compra sostenible, una política «ambiciosa de residuos» o la conservación de los espacios naturales. También la agricultura, probablemente la actividad más vulnerable al cambio climático, puede contribuir a mitigar sus efectos.
La consellera, que agradeció el trabajo de la Dirección General de Calidad Ambiental y las investigaciones del CEAM y el IVIA, citó un reciente estudio de este centro de investigación que atribuye a un «adecuado manejo» del suelo la capacidad de secuestrar 25 millones de toneladas de CO2.
Lejos del «negacionismo» y del «catastrofismo», la consellera lanzó un mensaje «en positivo». Es posible atajar el cambio climático, dijo Elena Cebrián, pese a las sombras que plantea el «desmarque» de la administración norteamericana presidida por Donald Trump al que aludió en su intervención el director del diario Levante-EMV Julio Monreal, mientras Yordi Payet, director general de FCC Medio Ambiente, subrayaba el compromiso de esta empresa con la reducción de las emisiones de GEI y sus transformación en el marco de una economía baja en carbono.
