La gerente de Divalterra, antigua Imelsa, defiende que se reúne semanalmente con los trabajadores de la empresa pública dependiente de la Diputación de València y que «sus peticiones son escuchadas y atendidas», por lo que, sostiene, «no tienen motivos para manifestarse». Así lo explicó a Levante-EMV Agustina Brines tras el anuncio de los sindicatos de convocar una protesta para los próximos 7 y 9 de junio por las «deficiencias en la gestión».
Como publicó ayer este periódico, los trabajadores de las brigadas critican algunos aspectos del día a día, como la falta de cierto tipo de material. La representante de Compromís al frente de esta firma pública explicó que los cascos, los uniformes y los petos protectores llegarán el próximo mes de septiembre y que en enero se recibió la nueva maquinaria.
«Divalterra arrastra una gran losa por culpa de los casos de corrupción que tenía Imelsa. Hasta casi el mes de enero no hemos parado de trabajar con la justicia. Hemos estado dos años atendiendo al fiscal, a los agentes de la UCO, a los interventores... La empresa nació en enero, prácticamente», defiende Brines, quien añadió que ahora será una empresa externa la que diseñe las líneas a seguir en la empresa en cuanto a contratación de personal y organización de la relación de puestos de trabajo.
Desde que dimitió Víctor Sahuquillo, el cogerente designado por el PSPV, los contratos de más de 18.000 euros tienen que pasar por el consejo de administración, que dirige el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez. Tanto la gerente de Compromís como el socialista defienden que este mecanismo es más transparente. «Hemos pasado un embudo, hemos hecho un sobreesfuerzo, pero los trabajadores lo saben, son conscientes, por eso no entiendo que se vayan a manifestar», lamentó Brines, quien sacó pecho de la gestión que lleva realizando en solitario desde hace seis meses. «Me sabe mal por los uniformes, pero a veces la administración no va todo lo rápido que quisiéramos».
