Sin sorpresas. La nueva ley general de Salud en la que está trabajando el Consell será un trasunto de las principales decisiones que, hasta el momento, ha tomado la consellera de Sanidad Carmen Montón y de las que ha hecho bandera: sanidad pública y con acceso para todos.

Así, la ley «blinda» estos dos conceptos y refuerza el trabajo que, en este sentido, ya se ha había hecho con decretos como el de acceso universal a la sanidad pública que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy. Montón recordó que desde 2012 existe un decreto ley que excluye a los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública, norma contra la que el Pacte del Botànic legisló nada más entrar al Consell. «No está ligado lo uno con lo otro», dijo la consellera aunque sí es cierto que el incluirlo en la ley «fortalece» esta decisión. «Las apuestas en derechos deben estar enmarcadas en las leyes para que sean reales», dijo.

El otro gran caballo de batalla de Montón, la sanidad gestionada desde lo público «como garantía de calidad», ocupa también un lugar importante en la nueva ley. El artículo 7.3 marca que la gestión directa de la sanidad será «preferente» y también en el preámbulo de la ley se incluye el compromiso de «ir finalizando» el modelo de concesiones que inició el departamento de Alzira y que tiene fecha de caducidad el próximo 1 de abril de 2018. Pese a que la consellera aseguró que esta «preferencia» no será óbice para continuar trabajando con el sector privado (puso como ejemplos las concesiones de hemodiálisis o las ambulancias) sí es cierto que esta apuesta legislativa llega en el momento álgido de enfrentamiento con las empresas sanitarias privadas que incluso han pedido a la Defensora del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la última ley de acción concertada que ha de sustentar el nuevo concierto con el IVO.

La ley incluye también a la salud mental, además de forma transversal junto a Igualdad para evitar la «variabilidad en el acceso entre departamentos de salud» y el derecho a recibir una prestación farmacéutica integral (integrando las ayudas frente al copago) o dando rango de ley al fomento de la donación de órganos y células madre «voluntaria y gratuita». La ley recogerá también la organización de los 24 departamentos de salud en áreas supradepartamentales para dar mejor cobertura y prevé la creación de consorcios de los centros de investigación para captar más fondos.