La empresa pública Egevasa, participada al 51% por la Diputación de Valencia y el grupo Aguas de Valencia a través de Vainmosa Cartera SL, ostentará el dudoso honor de ser la primera mercantil valenciana en sentarse en el banquillo de los acusados, según acaba de confirmar la sección tercera de la Audiencia de Valencia.
Egevasa, como persona jurídica, está acusada de un delito de cohecho por el pago de mordidas al exsecretario de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, para lograr la prórroga del contrato de agua potable en este municipio de la comarca de el Camp de Morvedre.
Unos hechos que forman parte de la instrucción conocida como la presunta «trama de asesorías», liderada por el ex secretario del Ayuntamiento de Canet -Sancho Sempere- y su lugarteniente y ex interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu, que elaboraban informes para municipios e instituciones públicas cuyo coste alcanzaba los «mil euros el folio», a pesar de que en algunos casos no aparecen. Una investigación realizada por el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, la Fiscalía Provincial y el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia que ha acabado dividido en una quincena de piezas separadas. Una de ellas es la de Egevasa.
La Fiscalía Provincial de Valencia considera, sobre esta última investigación, que Egevasa pagó 98.110 euros al exsecretario de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere -condenado a dos años de prisión por cohecho junto a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals- para que «le garantizase a Egevasa una prórroga de la concesión del servicio de aguas y que dicha tramitación fuera rápida y sin complicaciones, dado que Sancho Sempere ejercía un control efectivo sobre dicho ayuntamiento».
De esta manera, según el escrito de acusación de la sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de Valencia, Sancho Sempere emitió cuatro informes que, en algunos casos no existen. Y en otros «estaban vacíos de contenido jurídico y sólo contenían textos legales» que no sirvieron para nada. Es el caso del documento «encaminado a la construcción de los elementos necesarios para prestar el servicio de agua de ósmosis inversa» en Canet d´En Berenguer, que nunca llegó a ejecutarse.
Por estos hechos, además del exsecretario de Canet, Jose Manuel Sancho Sempere, también está imputado el director de los servicios jurídicos de Egevasa, Marcial Alcalá Betanzos, y el letrado José Ignacio Maluenda García que se prestó a firmar el informe de la planta de ósmosis -«que se realizó al no tener desde el principio Egevasa intención alguna de realizarla»-.
Para todos ellos, la Fiscalía Provincial de Valencia solicita cuatro y tres años de prisión por los presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil. La empresa pública Egevasa, se enfrenta a una multa de 1,8 millones de euros y cinco años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de diez años, según la petición de la Fiscalía Provincial.
Respecto a la Academia Valenciana de Juristas, una organización empresarial «sin ánimo de lucro» creada supuestamente por Sancho Sempere para facturar por los informes falsos, la Fiscalía solicita que se disuelva y sea condenada al pago de una multa de 720.000 euros, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Levante-EMV.
