La presidenta de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, ha dictado esta tarde un nuevo acuerdo para reabrir la Ciudad de la Justicia y declarar hábil la jornada del martes 19 de septiembre para todos los juzgados excepto los directamente afectados por el incendio.
El acuerdo supone que se mantiene la inhabilidad procesal hasta el 24 de septiembre para los de Primera Instancia del 1 al 4, del 5 al 10, del 16 al 19 y del 24 al 27, además de para los juzgados de lo contencioso administrativo 9 y 10 y los de lo Social del 1 al 9 excepto el 3, que es de ejecuciones.
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado hoy que solicitará una "auditoría completa" sobre los sistemas de seguridad en la Ciudad de la Justicia de Valencia tras el incendio del pasado domingo 10 de septiembre, que imposibilita el normal funcionamiento de los juzgados.
Bravo ha realizado estas declaraciones tras reunirse con los colectivos profesionales que trabajan en estas instalaciones, a quienes ha informado sobre las labores de limpieza del edificio.
"Ahora mismo se trabaja en comprobar que la parte no quemada del edificio cumpla con todos los requisitos de limpieza, confort y comodidad, para que cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se decida a habilitar la actividad haya las mínimas incidencias, ya que cada ser humano tiene su propia sensibilidad respecto a los olores".
Asimismo, la consellera ha informado de que la calidad del aire en prácticamente todas las instalaciones está plenamente recuperada.
"En algunos sectores el nivel de toxicidad es cero, eso quiere decir que se ha renovado el aire", y ha insistido en que se está haciendo hincapié en algunas zonas interiores para que "no haya problemas de bacterias, toxicidad o de sellado de conductos".
La consellera ha confirmado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que habilite de forma progresiva la actividad en los juzgados de Lo Social, por encontrarse en la zona colindante a los de Primera Instancia, los más afectados.
"Entiendo que haya preocupación por saber las causas, por saber si funcionaron o no los sistemas de detección, si las medidas de seguridad en materia de incendios son las correcta o no, y si no he hablado de causas es porque soy respetuosa con los informes técnicos", ha agregado Bravo.
Ha indicado que la empresa responsable del mantenimiento de los sistemas de detección ha defendido el correcto funcionamiento de los mismos, si bien ha anunciado que encargará una "auditoría generalizada" sobre los sistemas de seguridad.
"Para que no haya sospechas de que la Administración está tratando de justificarse" y ante las "versiones contradictorias" sobre si sonaron o no las alarmas, Bravo ha insistido en la necesidad de encargar nuevos informes sobre el funcionamiento de los medios preventivos y sobre la idoneidad de los sistemas instalados.
"En cuanto tenga todos los informes convocaré una reunión informativa para que todo el mundo sepa cómo y por qué ha pasado", ha añadido.
Respecto al previsible retraso que acumularán los juzgados de Instancia, Bravo ha apuntado que: "hay que reunirse con todos los sectores implicados para diseñar un plan de choque. Habilitaremos salas y aportaremos funcionarios en cuanto la sala de Gobierno del TSJCV nos lo pida".
