El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, ha dejado agotar el plazo de un día [«una audiencia» en lenguaje jurídico de la vetusta ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim)] para depositar el millón de euros de fianza civil que le impuso el juez del caso Taula el pasado lunes. Una decisión adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar «las responsabilidades pecuniarias» de Grau si llega a ser declarado culpable. El ingreso de la fianza debería haberse realizado a lo largo del miércoles pero el ingreso de esta voluminosa cantidad no se hizo efectivo.

La alternativa en estos casos, ya previstas en la Lecrim, es que el acusado comunique al juzgado una relación sobre cuentas corrientes, créditos, joyas y objetos de arte, rentas, bienes inmuebles, sueldos o pensiones que estén a su nombre para que puedan ser embargados judicialmente. Para este segundo trámite, el exvicealcalde de València tiene diez días, según el auto del pasado lunes en el que se le comunicó la fianza, que también puede ser recurrido, lo que alargaría estos plazos.

Grau logró esquivar la investigación por el presunto pitufeo o blanqueo de capitales supuestamente cometido por el PP de València en 2015, gracias a verse salpicado por el Caso Nóos (en el que fue absuelto). Pero desde el cinco de septiembre de 2016 también se le investiga en el Caso Taula por un presunto delito electoral cometido en la campaña electoral municipal de 2011. Al cumplirse un año de su primera imputación, el magistrado del Caso Taula, Víctor Gómez Saval, decidió ampliar este supuesto delito electoral a la campaña de 2007 y añadir los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

El delito de malversación sólo se le imputa a Grau en la campaña de 2007 porque la documentación aportada a la causa por su antiguo asesor acredita que las empresas públicas dependientes de él, en calidad de vicealcalde de València, pagaron 2,2 millones de euros a la empresa de comunicación Laterne Product Council (responsable de la campaña de 2007) por trabajos que, en algunos casos, no se llegaron a realizar.

Las fundaciones públicas en el punto de mira por los presuntos delitos de 2007 son el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Fivec (Fundación para la innovación urbana y economía del conocimiento), Fundación de la Comunitat Valenciana para la calidad, Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB) y Feria València que dependían de Alfonso Grau o en las que ostentaba un cargo por su condición de teniente de alcalde, como es el caso de Feria València (que sí ha podido acreditar parte de los trabajos realizados por Laterne).

Esta catarata de imputaciones se debe a las sospechas de los investigadores de que el todopoderoso concejal y vicealcalde de València durante veinte años era el guardián de la caja «B» del Partido Popular en la ciudad de València que se nutría, supuestamente, de un presunto impuesto revolucionario que se cobraba a las principales contratistas del Ayuntamiento de València y las promotoras cuando València vivía en la cresta de la ola del boom del ladrillo.

Grau fue, además, el coordinador general de las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015, aunque en marzo de 2015, abandonó la política tras su imputación en el caso Nóos de la que salió absuelto. El exvicealcalde también era una de las cuatro personas autorizadas en la cuenta opaca del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València que investiga la justicia y en la que se ingresaban donaciones anónimas ilegales.