La secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), Vicenta Rodríguez, reclama que la Conselleria de Educación de a conocer los 200 centros escolares públicos de nueva construcción que pretende poner en marcha a través del instrumento de colaboración con los ayuntamientos «Edificant» que ayer aprobó el pleno del Consell bajo la forma de un decreto ley. «No entendemos estas cifras y queremos que se aclare a la comunidad educativa los lugares previstos para estos centros», subraya la portavoz de esta patronal que agrupa a 300 centros de enseñanza religiosos que forman a 165.000 alumnos.
Rodríguez sostiene que «si la natalidad sigue descendiendo y la oferta de plazas educativas está cubierta en todos los municipios, ¿para qué se van a crear nuevos centros públicos?». «No nos salen los números, por eso pedimos a la Generalitat prudencia y explicaciones porque el dinero en educación debe repartirse de forma equitativa y necesaria», subraya la portavoz de Escacv.
«Trasvase de alumnos»
Para Rodríguez, «el Gobierno autonómico debe garantizar la libertad de elección de centros, no sólo de los públicos, también de los concertados y esperamos que la creación de nuevas infraestructuras educativas no sea una maniobra a medio plazo para trasvasar alumnos de la enseñanza concertada a la pública».
«En este nuevo plan no se han dado los detalles de los centros y municipios en que están previstos 200 centros. No sabemos si son de
nueva creación, si son reposiciones, si están contemplados todos en la planificación escolar autonómica o cada ayuntamiento puede pedir según quiera porque no nos salen los número que se anuncian. Es un programa que se ha presentado a las entidades locales pero que no se nos ha explicado a la comunidad educativa», lamenta.
Asimismo, ha puntualizado que si estas infraestructuras de nueva creación son las contempladas en la web de la conselleria «se habla de 124 obras, por lo que las cifras han cambiado sin previo aviso, se han incrementado sin consultarlo a nadie, por lo que exigimos una revisión completa y detallada de ese mapa con todos los agentes implicados, incluido los centros de enseñanza concertada».
LODE socialista
Rodríguez insiste que desde 1985 la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) impulsada por el Gobierno de Felipe González fija que la programación de puestos escolares se debe de realizar con todos los sectores afectados «y es un derecho del que, por el momento, se nos ha privado».
Por último, ha instado a la Administración «a poner todos los datos encima de la mesa y desde el diálogo planificar el futuro de la educación valenciana sostenida con fondos públicos».
