Dos de los contratistas del Ayuntamiento de València que aparecen en la documentación aportada al Caso Taula como presuntos financiadores de la campaña de Rita Barberá en 2007 han negado que estos pagos fueran para financiar la campaña de Rita Barberá. Una financiación ilegal de la que se han desmarcado y que han negado ante el juez y el Fiscal Anticorrupción esta mañana. Durante toda la mañana de hoy está citados los representantes legales de las principales contratistas del consistorio del Cap i Casal como Agricultores de la Vega, Secopsa, Pavasal y Lubasa.
Dos de estos empresarios, según fuentes conocedoras de la declaración han negado haber contribuido a la presunta caja B que manejaba el Partido Popular en la ciudad de València que propició el gasto de más dos millones de euros en la campaña electoral de 2007, cuando la formación sólo declaró haber invertido 150.000 euros. Unos hechos que se investigan en una pieza separada del Caso Taula en la que también se investiga el presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades, o pitufeo, supuestamente cometidos en la campaña electoral de 2015.
Los empresarios sí han admitido haber pagado al empresario propietario del grupo Laterne, Vicente Sáez Tormo -ya fallecido- determinadas cantidades de dinero para crear una empresa que impulsara grandes proyectos estratégicos en la ciudad de València. Se trata de la empresa Product Management Council SL, en cuya creación participó el cuñado de Rita Barberá y abogado, José Corbin. Los empresarios que entregaron dinero para poner en marcha esta empresa aseguran que "consideraron a fondo perdido" la entrega de dinero (150.000 euros por mercantil) cuando la mercantil fracasó y no salió adelante.
Los citados a declarar han comparecido como testigos porque los presuntos delitos que se les podrían imputar están, en su caso, prescritos, al haber transcurrido diez años desde los hechos.
