01 de noviembre de 2017
01.11.2017

El Consell dispara el gasto para afrontar la losa de la deuda y blindar su política social

Los consellers tendrán 900 millones más en unas cuentas que fían los ingresos a la mejora de la economía y la financiación

01.11.2017 | 13:31
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, entrega las cuentas al presidente de las Corts, Enric Morera, con una tableta con código QR.

Al Consell del Botànic se le acaba el tiempo para aplicar su programa de gobierno y consolidar el cambio de «paradigma» respecto a las políticas del PP. Con esta cuenta atrás en marcha, el Ejecutivo aprobó ayer el proyecto de presupuestos de 2018, los últimos que gestionará en año completo, y los más complejos de cuadrar dada la presión de Podemos (que también ve cerca las elecciones) y la presión de los consellers para que sus iniciativas tengan cobertura financiera. Junto a estos escollos de índole político, el documento entregado ayer a las Corts ha tenido que sortear un obstáculo mucho mayor: la deficiente financiación autonómica y la enorme deuda que amenaza la sostenibilidad financiera de la Generalitat.

Para conciliar ambas situaciones (proyecto social y precariedad financiera), el Consell optó ayer, como ya hizo en 2016, por dar esquinazo a la austeridad y presentar un presupuesto que crece un 12,5 % y por primera vez se sitúa en los 19.956 millones. El consolidado (es decir, incluido el sector público) asciende a 21.185 millones. Este espectacular crecimiento (2.232 millones más) no podrá, sin embargo, destinarse sólo a hacer política. Más de la mitad (1.285 millones) corresponde a operaciones financieras, es decir, amortización y pago de interés de la deuda que el Consell tendrá que hacer frente el año próximo. Toda una losa que condiciona el presupuesto. No en balde, uno cada cuatro euros del gasto acaba en el servicio de la deuda, que, con 5.157 millones, se convierte en la segunda conselleria (representa el 25%), por delante de Educación (4.561 millones) y muy cerca de la de Sanidad, con 6.390 millones.

Hay pues un incremento del gasto «aparente», tal como lo calificó el titular de Hacienda, Vicent Soler, en rueda de prensa, pero también otro real para hacer políticas, que la conselleria cuantifica en el 6,7%, muy similar al experimentado por las cuentas de 2017. Así, las conselleries se repartirán 15.224 millones, 960 millones más.

Se trata de una inyección de fondos que permite a varias conselleries experimentar crecimientos por encima de la media. Un año más, la mejor parada en términos porcentuales es la vicepresidencia y consellera de Igualdad que dirige Mónica Oltra. Logra aumentar sus fondos un 13% , principalmente para dar cobertura a su programa estrella, la renta valenciana de inclusión. En términos porcentuales, la segunda que más aumenta es Agricultura (para políticas de prevención de incendios y gestión forestal) y, en tercer lugar, Presidencia por la inyección de fondos a la Agencia de Turismo y la puesta en marcha de la Agencia de la Innovación.

Las otras dos conselleries sociales (Sanidad y Educación) experimentan aumentos porcentuales más moderados ( 4,6 y 3,5 % respectivamente) pero suficientes para consignar los compromisos lanzados en el último debate de debate de Política General, como el plan de dignificación de infraestructuras sanitarias o la construcción de colegios. Hasta conselleries como la de Justicia crece por encima del 6,7 % y capta recursos para «dignificar» las infraestructuras. Una apuesta necesaria, dijo Soler, tras el incendio en la Ciudad de la Justicia.

Y es que, siguiendo la senda marcada en 2017, al menos sobre el papel la inversión se reactiva, un 11 % de media si suma el capítulo de inversiones reales y transferencias de capital (1.109 millones). Dinero para Sanidad, pero también para acabar con los barracones, otra de las prioridades del Botànic. La conselleria que dirige Vicent Marzà dispondrá de 213 millones para construir y equipar nuevas instalaciones educativas en primaria y secundaria. El gasto de funcionamiento se dispara un 7 %, que Hacienda justifica en la necesidad de seguir aflorando gasto real sanitario. Crece personal (casi un 5 %) para hacer frente a mejoras retributivas, mientras que habrá 348 millones más para subvenciones.

La incógnita, planteada a Soler durante la rueda de prensa, es de dónde saldrá el dinero para sostener el aumento del gasto. La partida de ingresos es de nuevo el punto débil. De un lado, una vez más, se ha incluido la partida de los 1.325 millones de la infrafinanciación (ficticia para el PP y reivindicativa, según el Consell), cuyo ingreso es complicado, aunque ayer Soler sostuvo que era un compromiso de Mariano Rajoy. La partida permite cuadrar el presupuesto en el déficit exigido del 0,4 %, aunque Soler asumió de nuevo el incumplimiento si no hay nuevo modelo.

Pero, además, Hacienda ha recogido en sus ingresos 300 millones en concepto de liquidaciones anteriores a 2015 que las concesiones sanitarias tienen pendientes de abono. Un dinero que está sujeto en algunos casos a recursos judiciales, por lo que la incertidumbre del cobro este año es alta. El resto se fía a la mejora de la economía (según el cuadro macroeconómico, el PIB crecerá un 3,1) lo que permite Hacienda cálculos optimistas de recaudación: un 11% más por impuestos indirectos y tasas, respectivamente. Del modelo de financiación, el Consell espera 10.267 millones, solo 84 millones más que en 2017. «No hay lealtad institucional», estalló Soler tras lamentar que las transferencias son inferiores a la media de las comunidades.

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