La Asociación de Policías Nacionales y Guardias Civiles (Jusapol) de la Comunitat Valenciana pidió ayer a las Corts y a todos los partidos políticos con representación en ellas que se unan a su causa y apoyen la equiparación salarial que exige la agrupación.
La petición se registró ayer, dos días después de la masiva manifestación que recorrió las calles de Madrid en la que los agentes reclamaron que sus salarios se igualen a los de policías autonómicos y locales. Didier Dube, representante de Jusapol en la Comunitat, dirigió el escrito ayer no solo a la presidencia del parlamento valenciano, sino también a todas las formaciones del arco parlamentario para que respalden sus reivindicaciones sociolaborales.
En el escrito, Jusapol defiende que la diferencia salarial «es injusta y se mantiene en el tiempo de forma injustificada por parte del Gobierno» de España, que aunque es «el mismo pagador, retribuye por encima de los 600 euros brutos mensuales (sin sumar el cobro de horas extras, servicios extraordinarios y asistencias a juicios) a las policías autonómicas, teniendo menos competencias de seguridad que la Policía Nacional y la Guardia Civil».
Por ello, pide a las Corts que presente al Gobierno central, al Ministerio del Interior y al de Economía y Hacienda la «toma de razón» de la existencia de un trato desigual e injusto de la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto de los Mossos d´Esquadra, Policía Foral y Ertzaintza.
Asimismo, solicitan que se inste al Ejecutivo central que adopte las medidas necesarias para la equiparación salarial «en todos los aspectos retributivos», es decir, contando también los servicios extras. También piden que las Corts debatan la igualdad salarial para que después sea remitido al Ejecutivo. Según los cálculos de la asociación, el ejercicio de equiparación de los salarios supondría un coste de 1.700 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, «lo que equivale a un 0,35 % del total» de las cuentas generales, que manejan un total de 480.000 millones de euros, según el escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV.
La asociación, que nació a partir de un grupo de WhastApp de compañeros («Justicia salarial ya») en una comisaría de Palencia al que se fueron uniendo después guardias civiles, exige por otra parte que el agravio se repare en un periodo de entre 1 y 3 años como máximo.
Junto al escrito, los miembros de la asociación han adjuntado además nóminas del mes de septiembre de este mismo año de un policía nacional y de un mosso de esquadra.
