La Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat ha vuelto a poner en cuestión la facturación que realiza Ribera Salud en las Urgencias del hospital de la Ribera. No es la primera vez que a los inspectores les resulta imposible cuadrar los números que presenta la empresa concesionaria del departamento sanitario de Alzira, que atiende a más de doscientas mil personas. De hecho lo habitual es que las cifras no cuadren, al menos desde que los nuevos gestores con Carmen Montón al frente, se hicieron cargo de la Conselleria de Sanidad en junio de 2015.
Un informe de la Alta Inspección, al que ha tenido acceso Levante-EMV, vuelve a denunciar que la empresa concesionaria factura como urgencias hospitalarias actuaciones médicas que se han realizado en puntos de atención primaria, pero que no han llegado a tratarse en el hospital de Alzira.
Una práctica que se realiza fundamentalmente con pacientes 'no capita' es decir personas que han necesitado asistencia médica en la comarca de la Ribera, pero que no pertenecen a este departamento sanitario. En concreto, del cruce de datos que ha realizado la conselleria se obtiene que de las 20.037 atenciones urgentes a población de fuera del departamento que se facturaron y comunicaron como hospitalarias, solo 6.127 habían sido efectivamente atendidas en el hospital de la Ribera.
El documento concluye que deben rechazarse «de plano» las cifras que ofrece la empresa gestora de la Sanidad en la Ribera y propone que dejen sin abonarse 2,6 millones de euros en la liquidación correspondiente al año pasado.
De hecho, un informe emitido a principios de 2017 por la Dirección General de la Alta Inspección ya constató dobles facturas y conceptos hinchados al estudiar los años 2013, 2014 y 2015, en los que se facturaron 2,6 millones de sobrecostes, es decir, se alcanzó la misma cantidad en tres años que la detectada solo en 2016. Los inspectores mantienen ahora, casi un año después, que la información que proporciona Ribera Salud no es «confiable».
Lo relevante del documento, más allá de actualizar las cifras, es que una forma de actuar de la empresa que ya fue denunciada por los inspectores en los tres años anteriores se mantuvo también en 2016. El dato se conoce además cuando apenas faltan cuatro meses para la reversión al sistema público de todo el departamento sanitario de la Ribera, lo que obligará a Ribera Salud a dejar de prestar un servicio que gestiona en esta comarca desde hace casi 20 años.
El nuevo contencioso aún complica más una relación entre la conselleria y la empresa que está rota desde hace meses y sujeta a diferentes frentes judiciales y que dificulta una transición ordenada. De hecho en los últimos días la propia consellera Montón ha denunciado públicamente las dificultades que Ribera Salud pone a la hora de facilitar el proceso de reversión.
El informe en poder de este diario incluso concreta las urgencias facturadas como hospitalarias que se han atendido en centros de salud. El centro que está más sujeto a esta práctica es el de Cullera con 7.903 urgencias atendidas que han sido facturadas a la conselleria a través de la Ley de Tasas de la Generalitat como hospitalarias. De hecho, Cullera es históricamente el centro de salud de la Ribera que en mayor medida atiende a personas de otros departamentos por la cantidad de turistas que recibe en verano. El informe calcula que, como el importe medio por precio de urgencia es de 189 euros en Cullera, se ha producido una sobrefacturación de 1,4 millones de euros.
Pero la misma práctica ha sido detectada también en el centro de salud de Sueca, con 2.371 atenciones en urgencias que constan como realizadas en el hospital, lo que supondría casi medio millón de euros que no debieron facturarse o en el centro de Benifaió (1.276), en el de Carlet (1.167) y en Alzira II (1.162), lo que supone en conjunto otros 600.000 euros. Todo ello demostraría que se trata de una forma de actuar extendida, pero sobre todo mantenida en el tiempo.
Además, los inspectores sostienen que resulta «preocupante» para un correcto control de la actividad hospitalaria en la Ribera el elevado número de actuaciones que la empresa detalla bajo el epígrafe «otros» a la hora de tratar intervenciones urgentes pese a que la conselleria ofrece una lista exhaustiva para concretar ese inespecífico «otros». Una de cada dos urgencias que se tratan en la Ribera se registran bajo ese concepto, cuando en otros departamentos ese uso es residual. Tampoco es nueva esa forma de actuar, según los inspectores, que ya la denunciaron para el trienio 2013-2015.
Mientras, fuentes del Hospital de La Ribera desmienten que haya sobrecostes en la facturación a la Conselleria de Sanidad. Aseguran que todas las auditorías internas y externas de la UTE Ribera Salud demuestran que se sigue escrupulosamente el Real Decreto Legislativo 1/2005 del Consell de la Generalitat por el que se aprueba la Ley de Tasas, que marca las condiciones de la facturación.
Además, añaden que los centros a los que hace referencia -los de Cullera, Sueca, Benifaió, Carlet y Alzira II- son Centros Sanitarios Integrados (CSI) y sus servicios de Urgencias cuentan con una dotación en tecnología, recursos y camas de observación, similares a las de cualquier hospital, por lo que es una atención especializada. En este sentido, desde el inicio de la actividad concesionaria, las urgencias atendidas en estos centros se han facturado como urgencias hospitalarias, cosa que la actual Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública ha aceptado así en las liquidaciones de los ejercicios 2008-2012. Por tanto, si fuera cierta la denuncia de sobrefacturación, la actual conselleria estaría incurriendo en un hecho sin precedentes, al estar autoinculpándose ella misma de cometer irregularidades, añaden.
También apuntan que el pasado mes de enero la dirección del Departamento de Salud ya salió a desmentir una información similar y presentó escrito de alegaciones sobre las acusaciones vertidas por la Conselleria de Sanitat en otro presunto informe en el que la administración sanitaria indicaba sobrecostes en la facturación de las urgencias de los años 2013 a 2015, sin que, a día de hoy, la Conselleria de Sanitat se haya pronunciado sobre estas alegaciones.
La empresa está convencida de que ésta es una prueba más de la campaña de "desprestigio y maledicencia" que la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública mantiene contra Ribera Salud, a la que acusan de "emitir bulos infundados ante su incapacidad para poder rebatir, con objetividad, nuestros buenos datos asistenciales y de gestión", apuntan fuentes de la empresa.
En este sentido, sostienen que, según establece el pliego de condiciones, las liquidaciones deben hacerse a año vencido, por lo que la actual Conselleria de Sanidad está incumpliendo la obligación de convocar éstas con la periodicidad que establece el contrato, según le ha reclamado el concesionario en varias ocasiones.
También añaden que cabe recordar que la Intervención General de la Generalitat avaló, en un reciente informe, los criterios seguidos para las liquidaciones con las concesiones.
La concesionaria tiene intención de presentar un escrito denunciando la situación, solicitando copia del informe y solicitando la convocatoria urgente de una Comisión Mixta por ser éste el órgano competente para informar sobre cuestiones de facturación.
