En una sentencia de enero de 2013, el Tribunal Constitucional avaló documentos incautados durante la Guerra Civil y que durante la dictadura franquista fueron depositados en el archivo de Salamanca fueran devueltos a Cataluña. Miles de cajas se trasladaron de la capital salmantina hasta el Arxiu Nacional de Catalunya y en esos camiones parecía encerrarse no solo más de un millón de documentos, sino también un conflicto territorial que había enfrentado, de nuevo, a Cataluña con España. Sin embargo, una investigación del archivero Policarpo Sánchez apunta a que las autoridades catalanas se llevaron más de lo que tocaba. En concreto, 600 documentos pertenecerían a familias y entidades valencianas.

Hasta el 21 de diciembre. Esa es la fecha límite, según Sánchez, para que Cataluña devuelva los documentos de la Guerra Civil que «no les pertenecen». Calcula el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca que son más de 400.000. ¿Por qué hasta ese día? El investigador sostiene que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se encuentra en plena vigencia hasta las elecciones del día 21 desde que el Ejecutivo catalán llevara adelante la declaración de independencia, es el Gobierno central el que puede devolver los archivos. Soraya Sáez de Santamaría es la presidenta de facto de Cataluña, por lo que es a ella a quien Sánchez ha dirigido una carta para preguntarle cuándo piensa hacer efectiva la sentencia del Constitucional y restituir los fondos "que no son catalanes" al archivo salmantino.

"Son los que tienen ahora acceso a todo. En su mano está ser héroes nacionales o cadáveres políticos", añade el archivero. Fue él mismo quien se dedicó a inventariar "todos los documentos que pudo" durante los meses previos al traslado a Barcelona. "Llamé a un notario para que diera fe. Hay más de 99 folios. Gracias al cotejo de los documentos antes y después del traslado me di cuenta de que se habían llevado de más", explica el investigador.

Cartas entre familias y carnets

Entre los 600 documentos que Sánchez ha detectado que pertenecen a familias o instituciones valencianas ("aunque son la punta del iceberg, seguro que hay más", apunta), hay correspondencia entre familiares que data de los años del conflicto. Al menos de cuatro familias de València capital, que encontró tras indagar en el archivo municipal de la capital.

También hay documentación del Alto Palancia, así como de la Federación Provincial Campesina de Alicante, un sindicato del cual se habían recuperado papeles en los que mencionaba a al menos ocho municipios. "Se trata de informes propios, listados de socios, estados de cuentas o previsiones de producción", detalla Sánchez.

Según su investigación, también hay carnets sindicales de la CNT y UGT, "de personas concretas con nombres y apellidos cuyos familiares se han interesado por ellos". Además hay información del Ayuntamiento de Algemesí. "Se trata de informes de consejos municipales, reportes sobre la situación de abastecimiento o de emergencia durante la guerra", apunta el archivero.

Sánchez espera que tras el envío de la carta a la vicepresidenta del Gobierno, "presidenta" catalana interina, el Ejecutivo de Rajoy mueva ficha y extraiga los papeles que ni la sentencia ni los requerimientos del Ministerio de Cultura han conseguido durante estos años.