Hasta siete ayuntamientos de la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva y la Plataforma Aire Limpio mantendrán el próximo lunes una reunión con la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, con un propósito claro: el compromiso de que se revisará urgentemente el expediente de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la cementera Cemex, sita en Buñol, para así reducir el volumen de quemas de residuos peligrosos y no peligrosos que está incinerando actualmente, que se encuentra en 260.000 toneladas. Según aseguraron en una misiva conjunta a la administración autonómica, el expediente gracias al cual trabaja la compañía caducó el pasado 9 de abril de 2017 sin que se haya renovado ni actualizado el permiso. El objetivo lo tienen claro: quieren que se reduzca ostensiblemente el volumen de residuos incinerados en la comarca de la Hoya.
En dicha reunión está previsto que estén presentes, además de los miembros de la Plataforma Aire Limpio, representantes políticos de ayuntamientos con alcaldes de distintos colores políticos como Godelleta (EU), Macastre (PP), Cheste, Buñol, Alborache y Yátova (PSOE), o Chiva (Compromís).
Según sostienen, Cemex obtuvo en noviembre de 2006 una autorización para la incineración de hasta 75.000 toneladas de residuos peligrosos en su fábrica de Buñol, que se modificó progresivamente hasta alcanzar las 115.000 toneladas de un amplio abanico de residuos que incluían harinas cárnicas, disolventes o líquidos combustibles peligrosos, entre otros.
En mayo de 2011 Cemex habría solicitado una nueva modificación para alcanzar las 260.000 toneladas que, según la versión de los ayuntamientos y la plataforma vecinal, no fue sometida a evaluación ambiental. Pese a ello, la compañía habría trabajado desde entonces con estas condiciones. La plataforma insiste en que al no haberse producido respuesta por parte de la conselleria a aquella petición en diez meses, aquel expediente quedó caducado, por lo que Cemex no debería disponer de autorización para alcanzar dichos volúmenes de incineración.
