El grado de control al que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, tiene sometidas las cuentas públicas de la Generalitat como condición para liberar recursos económicos ha generado honda indignación en las filas de Compromís, donde se considera que esta suerte de intervención debe ser respondida con contundencia. De hecho, algunas voces se muestran partidarias de promover una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que consideran responsable de acabar con la autonomía financiera de la Generalitat. Exigen, eso sí, que el PSPV, socio de gobierno en la Generalitat, de el paso y convenza al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para una reprobación en el Congreso de los Diputados.

El diputado autonómico de Compromís, Josep Nadal, es uno de lo que públicamente ha reclamado plantar cara al Gobierno de Madrid: «El PSPV debería comportarse de manera responsable y exigir a los suyos una moción de censura inmediata a Rajoy. No hay excusas que valgan. Eso, o le damos las llaves de la Generalitat a Montoro», dijo en su cuenta de twitter. Una sugerencia que ha sido aplaudida por su grupo parlamentario, así como por varios cargos y asesores de la pata nacionalista de Compromís.

No es la primera vez que Compromís censura en el Congreso al presidente Mariano Rajoy en cuestiones claves de ámbito nacional en las que se ha visualizado sus discrepancias con los socialistas. Así, Compromís apoyó la moción de censura presentada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este verano, al tiempo que sumó sus apoyos al intento de frenar el 155, la vía elegida por Rajoy para hacerse con el control de Cataluña, que también apoyó el PSPV.

Las nuevas exigencias del Ministerio de Hacienda para inyectar a la Comunitat Valenciana nuevos recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha enervado al sector de Compromís que piensa que es necesario ir más allá para evitar quedar en manos del Gobierno central. El Consell vive con gran pesadumbre y preocupación la vuelta de tuerca a la que Montoro les ha sometido. Son, tal como adelantó este diario en su edición del domingo, 44 nuevos requisitos para acogerse al FLA de 2017 que, en la práctica, otorga al Ministerio de Hacienda un control absoluto de los expedientes de gasto de la Generalitat: facturas, contratos, nóminas de personal, podrán ser supervisadas por el ministerio con pulsar un botón.

De hecho, la Generalitat ha tenido que renunciar a sus propios registros y aplicaciones informáticas con tal de facilitar que la Intervención General del Estado tenga acceso a su contabilidad. Así, por ejemplo, la Generalitat tendrá que dar de baja su central de compras para acogerse a la plataforma estatal.

Además, cada treinta días el Ejecutivo debe aportar información al ministerio sobre la ejecución del presupuesto y sus medidas para reducir el déficit.

Hacienda es consciente del recorte del autogobierno, pero su margen de maniobra es escaso ya que depende de los fondos del FLA para poder hacer frente a sus pagos. Al menos mientras no cuente con una financiación adecuada.