El brazo jurídico de Societat Civil Catalana se llama Llibertats. Lo componen un grupo de juristas catalanes que busca desmontar con los argumentos del Derecho las normas aprobadas por los secesionistas en el Parlament de Catalunya a principios del pasado septiembre para amparar el referéndum y la proclamación de la república, dos normas suspendidas por el Tribunal Constitucional.

El promotor de esta asociación es Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana, que ayer ofreció su visión del procés en la Universitat de València. «Hacemos frente con el Derecho en la mano», remarcó ante un auditorio en el que se encontraba la síndica del PP, Isabel Bonig, y los diputados Luis Santamaría, Jorge Bellver y Alfredo Castelló.

Huguet explicó cómo lograron que unos 200 abogados y profesores de Derecho apoyaran un manifiesto contra el procés, cuando defender en Cataluña algo opuesto a las tesis independentistas supone «ser marcado como facha» y denunció «la tremenda presión» a los decanos, él entre ellos, para secundar el derecho a decidir.

En su opinión, es totalmente legítimo defender el independentismo, pero no «cargarse» el Estado de Derecho. Huguet desmonta desde la ley las normas aprobadas por los secesionistas y concluye que sin Estado de Derecho «no hay libertad», de ahí el título de su exposición Cataluña, el procés contra las libertades, presentada por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Carlos Flores Juberías.

El letrado sostiene que en Cataluña se ha producido «un ataque directo a la libertad», que el unionismo no ha tenido capacidad de explicar, aseguró en una conferencia no exenta de autocrítica. «Las normas que aprobaron los independentistas atentan contra el Estatuto y lo hicieron solo con mayoría absoluta, pero sin la mayoría reforzada que exige ese Estatuto, la norma que fue refrendada por los catalanes», denuncia.

En su opinión se trata de leyes que afectan a la vida de los catalanes porque pretenden dar cobertura a la independencia «pero las aprobaron en una tarde con una mayoría del 47 %; ¿es eso democracia?», se pregunta Huguet.

«Después dicen que el Estado español es antidemocrático, pero con esta base legal pretendían poner en marcha la república catalana», proclama Huguet, que añade que la Junta Electoral impulsada por el independentismo para velar por el referéndum del 1 de octubre estaba conformada por representantes muy próximos a esas tesis y no permitía ni posibilidad de recursos. «Escogen a los miembros y las decisiones son irrecurribles; como jurista hay que rebelarse contra esto», afirma.

A continuación hizo autocrítica. «Todo eso no hemos sabido explicarlo y la bandera de la democracia siguen llevándola ellos». «Es denunciar lo obvio, estaban dispuestos a poner en marcha un Poder Judicial de una república bananera porque se cargaban la división de poderes y la independencia judicial; yo he sido crítico con la politización del CGPJ, pero las leyes que han emanado del Parlament son contrarias a cualquier democracia y es, por tanto, un proceso contra la libertad».

«Para mí es muy triste -añade Huguet- que en mi tierra (Cataluña) se elabore una norma que pretende convertirse en una Constitución y que vulnera los principios básicos, lo que pretenden es implantar un estado autoritario después de vulnerar el derecho de las minorías y el Estatuto», explica.