L´Associació de Juristes Valencians, entidad que promueve la recuperación de las leyes de derecho civil valenciano que considera útiles para una sociedad moderna como la valenciana, exige que los miembros de la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico constituida en el Congreso, tengan en cuenta la frustración que produce en los valencianos que, pese a la claridad del Estatuto, la Generalitat carezca en la práctica de competencias para promover leyes modernas y sociales en materia de Derecho Civil, como tienen otras seis autonomías.
Desde la AJV se urge de forma expresa a los diputados valencianos Artemi Rallo (PSPV), Gerardo Camps (PP) y Joan Baldoví (Compromís), diputados que forman parte de esa comisión de Modernización del Estado Autonómico, que asuman el compromiso de que se dé respuesta en el seno de la comisión a esta discriminación padecida históricamente por las valencianas y valencianos, lo que requiere una mínima reforma constitucional.
También llama el colectivo de juristas a los líderes del PPCV, Isabel Bonig; PSPV, Ximo Puig; Compromís, Mónica Oltra; Podemos, Antonio Estañ y Ciudadanos, Fernando Giner a que trasladen a sus dirigentes nacionales la gravedad del incumplimiento estatutario -la competencia, reforzada tras la reforma estatutaria del año 2006, se prevé en el preámbulo y 7 artículos del Estatut-, después de las sentencias del Tribunal Constitucional contra las leyes valencianas de familia (Régimen Económico Matrimonial, Uniones de Hecho y Custodia Compartida).
La AJV considera que existe una discriminación con respecto a Aragón, Galicia, Euskadi, Cataluña, Baleares y Navarra, que determina que cinco millones de valencianos, pese a la voluntad política de los legisladores valencianos y estatales expresada mediante Ley Orgánica, carezcan de una herramienta esencial para la transformación de la sociedad que sí tienen los más de 15 millones de ciudadanos de esas 6 comunidades.
La respuesta cívica de los valencianos en defensa del derecho civil, expresada en pronunciamientos del Consell, Corts Valencianes, Diputaciones Provinciales de Castelló, Alicante y Valencia y 237 ayuntamientos en favor de una respuesta constitucional a esta discriminación, y también de los ocho Colegios de Abogados valencianos, las Facultades de Derecho, Colegios Profesionales, Sindicatos, empresarios, asociaciones culturales y comarcales, en defensa de la competencia, con independencia de ideologías, idiomas o distribución territorial.
Una reforma constitucional que no prevea la recuperación del Derecho Civil Valenciano, añaden, puede producir un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad valenciana. "No estamos dispuestos a ser ninguneados por la incapacidad de nuestros representantes políticos y su debilidad frente a sus direcciones estatales", explican desde este colectivo que asegura que a los socios de la AJV les resultaría inconcebible que los diputados y senadores valencianos de PP, PSPV, Ciudadanos y A la Valenciana (coalición electoral integrada por Compromís, Podemos y Esquerra Unida) no defendieran hasta las últimas consecuencias el Estatuto valenciano y aprovecharan cualquier foro para trasladar que es el momento de subsanar esta histórica injusticia.
Asimismo, lamentan la ausencia de diputados valencianos del Grupo parlamentario Ciudadanos en la Comisión; y, caso de que el grupo Unidos Podemos se integre en ella sería muy oportuna la presencia de interlocutores en esta materia, remarcan.
Finalmente, la AJV solicita a todos los expertos valencianos que comparezcan en la Comisión de Modernización del Estado Autonómico, que trasladen la necesidad de acabar por fin con esta discriminación. "Los trabajos de esa comisión deben posibilitar dotar a los valencianos, y de forma definitiva, de la potestad para legislar en materia de derecho civil en cuanto se produzca una reforma de la Constitución. No cabe reforma de la Constitución sin hacer realidad el Estatuto Valenciano vigente", aseveran.
