El panorama es incierto. Quedan pocos días para que el juzgado se pronuncie sobre la petición de suspensión cautelar del proceso de selección del personal de las bolsas temporales de À Punt, ya que la Unió de Periodistes presentó el recurso el pasado 18 de diciembre y hay un margen de dos meses para resolver.
Con todo, y ante la posibilidad de que se paralicen las contrataciones de manera inminente, la dirección de los medios «no tiene» un plan B, según informaron fuentes del ente a Levante-EMV.
El escenario que se plantea el máximo órgano de gobierno de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), el Consejo Rector, es el de la negativa del juzgado a paralizar el proceso. Cuentan con la «presunción de legalidad», aseguran, y con que los baremos aprobados entre sindicatos y dirección de la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació se ajusten a los parámetros que prevé la ley.
«Si tiene una repercusión, ya la analizaremos cuando la tenga», respondía hace poco en una entrevista en eldiario.es la directora general Empar Marco en referencia a la posible suspensión.
No adelantar acontecimientos es la máxima que reina en las instalaciones de Burjassot, sobre las que hace meses se cierne la amenaza de la paralización de la reapertura. Fue el pasado verano cuando la Unió de Periodistes aprobó en asamblea presentar el recurso contencioso-administrativo contra unas bolsas (no solo de periodistas, sino todas) que consideraban que vulneraba el derecho al acceso en igualdad de condiciones de todos los aspirantes.
En otra reunión en noviembre certificaron también la interposición de la suspensión cautelar, que es la que ahora se tiene que dirimir. Una medida que se pide cuando se entiende que los hechos recurridos podrían tener consecuencias irreversibles mientras se esclarecen.
Los órganos de dirección y gobierno de À Punt dicen preferir esperar a que la justicia actúe para buscar alternativas y pronunciarse sobre unas bolsas que, entienden, responden a lo que las Corts aprobó en la ley de creación de los medios.
Una norma de la que los partidos políticos han renegado esta semana al interpretar que «ha cerrado la puerta a una generación de periodistas» y que en su disposición transitoria novena contempla un reconocimiento especial para los extrabajadores de la antigua RTVV en las bolsas temporales, una valoración de méritos que se ha plasmado en que un 92 % de las personas admitidas (que no contratadas) trabajaron en algún momento en los extintos medios públicos valencianos, aunque sea por un breve periodo de tiempo (más allá de si entraron por prueba selectiva o no).
El revuelo político por estas cifras y la petición de los partidos de repensar el proceso (Podemos incluso no ha descartado cambiar la ley, aunque Compromís lo ve complicado) ha obligado a incluir el asunto en el orden del día del consejo rector de la CVMC.
