14 de febrero de 2018
14.02.2018

Malas prácticas con pasado en la Generalitat

Los expedientes de enriquecimiento injusto, que amparan al contratista, llegaron a 1.252 en los años de Fabra

14.02.2018 | 04:15

La denuncia presentada por el PP contra Mónica Oltra por un supuesto delito de prevaricación ha generado revuelo en la escena política y, de momento, forzado a la lideresa de Compromís a dar explicaciones incluso, como ocurrió ayer, en un programa de televisión de ámbito nacional. Los populares pusieron en enero en conocimiento de la fiscalía una serie de supuestas irregularidades en la gestión de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y tras estudiar el escrito, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias. Está por ver el recorrido de la denuncia, pero, en todo caso, nada de lo contenido en la denuncia resulta extraño a las administraciones, incluida la propia Generalitat.

En concreto, el PP señala a Oltra por dos malas prácticas: una es un viejo conocido: el fraccionamiento de contratos para eludir el concurso público y otro, los expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, los pagos por la prestación del servicio una vez el contrato ha caducado. Ambos procedimientos son censurados por la Sindictura de Comptes, sobre todo, el troceamiento de contratos que en algunos casos esconden casos de corrupción o trato de favor. Los contratos menores de Gürtel por el está imputado medio Consell de la etapa de Francisco Camps es el ejemplo más conocido.

Los expedientes de resarcimiento son un mecanismo menos conocido, pero no menos usado en la propia Generalitat. Esta figura no está recogida en la legislación, si bien la administración acude a ella porque permite sortear el campo de minas que supone el procedimiento de contratación. De hecho, el enriquecimiento injusto permite desplazar toda la legislación y amparar al contratista para cobrar de la Administración pese a no existir contrato alguno o estar gravemente viciado. ¿Los motivos? No siempre son ocutos. La mayoría de los expedientes de enriquecimiento injusto están concentrados en la Conselleria de Sanidad y tienen que ver con la falta de crédito para afrontar pagos de servicios. Cuando se inicia una licitación, es necesario contar con crédito y esto no siempre ocurre, sobre todo en conselleries como la sanitaria que está infrapresupuestada. Otras veces el problema es que no se ha llegado a tiempo para convocar el concurso correspondiente. Es lo que argumenta la conselleria de Otra respecto a las 1.800 plazas de accesibilidad de la etapa Cotino, que durante tres años se pagaron como expediente de enriquecimiento injusto. Durante la etapa de Alberto Fabra, se pagaron por esta vía 1.252 millones de euros

Ayer Oltra lanzó una advertencia: «El último que me denunció está en la cárcel». «No nos va a intimidar», le respondió ayer Eva Ortiz, la número dos del PP.

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