El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido paciencia y sacar el tema de la discusión política mientras se dispone de los informes técnicos necesarios que avalen el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas de Castor.

En contestación ayer en el Pleno del Congreso a pregunta del diputado Jordi Salvador, del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el calendario de actuaciones definido por el Gobierno para desmantelar el almacén de gas, Nadal señaló la conveniencia de esperar y de dejar que los técnicos trabajen para que se asiente el gas. «No hagamos política de lo que tiene que ser una solución técnica», reclamó.

«Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes. No es cuestión de hacer debate político de esto antes de que tengamos los análisis adecuados», señaló el ministro.

Nadal incidió en que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, está vigilando constantemente la evolución del almacén de gas. «Cuando los técnicos nos digan que podemos desmantelarlo, lo haremos. Dejemos que trabajen los ingenieros», instó.

En su opinión, uno de los muchos errores en política energética del anterior Gobierno socialista fue el proyecto Castor, que definió como un proyecto «demasiado grande y caro, con un fallo de diseño tan grande que provocó problemas graves».

Asimismo, destacó la prudencia con la que ha actuado desde el principio el Gobierno popular sobre este «problema heredado», desde cuando ordenó hibernarlo hasta sobre la forma de pago por el Tesoro español. «También fuimos prudentes pidiendo un informe al Instituto Tecnológico de Massachusetts y cuando dijimos que no se utilizaría más», recordó el ministro.

Por su parte, el diputado de Esquerra le pidió a Álvaro Nadal transparencia sobre este proyecto y le ha aclarado que su grupo nunca apoyó este almacenamiento de gas y que en 2007 ya solicitó su paralización.

Esta comparecencia se produce un par de semanas después de conocerse que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya decidido paralizar el pago de esta deuda después de que Tribunal Constitucional anulase la indemnización de Castor. La consecuencia de ello es que los usuarios del gas han dejado de pagar la indemnización de la planta Castor.

Tres entidades financieras asumieron los 1.350 millones que el Gobierno abonó en 2014 a la empresa del almacén tras su cierre. La devolución de la misma se iba a realizar mediante el sistema gasístico durante 30 años, es decir, los clientes del gas debían devolver 80 millones cada año a través de su factura. El Ministerio de Energía, en cualquier caso, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.