Tres empresas que trabajaron con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para suministrar los urinarios, el altar y las reservas hoteleras tuvieron que renunciar a parte de la deuda que mantenían con ellas y convertirlas en una donación. Así consta en el informe de la Intervención de la Generalitat sobre la FVEMF, realizado en enero de 2016 y que ha servido de base para la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción 5 de València que investiga a los máximos responsables de la fundación, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, Juan Cotino y el obispo Esteban Escudero.
El informe de los interventores revela numerosas irregularidades en los contratos realizados para el evento celebrado el 8 y 9 de julio de 2006 y en los años posteriores, hasta que la fundación pudo ser liquidada en 2014.
Cuatro años después del evento, la FVEMF aún tenía una deuda con las empresas contratistas del evento de 4,9 millones de euros, según revela el informe de la Intervención. La Generalitat tuvo que aportar dos millones de euros, aunque no fueron suficientes para abonar la reclamación de duda por parte de las empresas Acciona Infraestructuras, FCC, Cavaltur y la empresa pública Vaersa.
En el caso de Acciona Infraestructuras SAM, la Intervención destaca que la fundación para la visita papal tenía una deuda «cuyo origen es el contrato suscrito el 31 de mayo de 2006 de suministro, instalación y mantenimiento y limpieza de 6.864 sanitarios por importe final conjunto de 3.173.470,68 euros». Finalmente, mediante acuerdo entre la empresa y la FVEMF, celebrado el 30 de diciembre de 2013, Acciona Infraestructuras se vio obligada a realizar una «donación irrevocable» por valor de 1.129.470,86 euros, que se sumaban a otros 550.000 euros de donación, prevista en los contratos e impuesta por el Arzobispado de València por clausula. La Generalitat acabó asumiendo la deuda restante de este contrato de 787.885,35 euros, según el Informe de la Intervención. «Acciona acepta la subrogación de la deuda por 787.885 euros, condicionada a la ratificación por parte del Consell», señala el interventor.
Una de las constructoras del altar donde Benedicto XVI ofició la multitudinaria misa del V Encuentro Mundial de las Familias también se vio «obligada» a la doble donación, debido al retraso en el pago de las facturas. FCC fue una de las dos empresas encargadas de construir el altar, que tuvo un coste de 1,5 millones. La mercantil pasó al cobro una factura de 941.165,68 euros el 21 de noviembre de 2006. Cinco años después, la empresa recibió un burofax del obispo auxiliar y presidente de la FVEMF, Esteban Escudero, -investigado en la causa- en la que «manifiesta discrepancia y la improcedencia de la misma, solicitando su anulación». La mercantil desistió de discutir el importe de la factura. «Ante la dificultad de realizar una revisión de las mediciones [del altar] acepta aplicar la valoración al concepto de donación». Sobre esta operación, el interventor plantea «una posible contingencia fiscal» ya que esta cantidad fue contabilizada como gasto en 2006, pero cuando se transmuta en donación «debería haberse considerado como un ingreso no exento, de la fundación».
La morosidad de la fundación organizadora del Encuentro Mundial de las Familias también afectó a Cavaltour SA, la agencia de viajes de la antigua Bancaja, con quien se contrató la «prestación de servicios de alojamiento hotelero por un importe de 1.709.609,46 euros», de los que se pagaron 300.000 euros el 19 de julio de 2006, por lo que la deuda pendiente hasta 2013 fue de 1.409.609,46 euros. Cavaltour llegó a presentar una demanda (un procedimiento monitorio) para cobrar la deuda, aunque en diciembre de 2013 pactó una quita (reducción de deuda) de 400.000 euros con la Fundación y pudo cobrar 600.000 euros el 3 de febrero de 2014. Una operación a la que también pone pegas el interventor porque la quita «pudiera llegar a constituir una posible contingencia fiscal con efecto en el impuesto de sociedades de la Fundación».
Zenith BR Media SA también tuvo que recurrir a la vía judicial en 2009 para reclamar el pago de 703.691,76 euros por el «servicio de asesoramiento, planificación y compra de medios de la campaña nacional de publicidad con motivo de la visita del Papa». La mercantil cobró en 2010, sin quitas.
Por último, la empresa pública Vaersa reclamaba a la FVEMF un total de 519.011,65 euros por trabajos realizados en adecuar el espacio del evento. La Generalitat asumió la deuda.
