Laura Ballester, Valencia
Una alto cargo de la Conselleria de Territorio, Concha Ginestar Peiró, la jefa del servicio de evaluación de impacto ambiental, alerta en un informe interno de la «falta de medios y de imposibilidad» para realizar, ejecutar y vigilar «estudios de impacto ambiental en la Comunidad Valenciana».
Ginestar insiste en este mismo documento que la dirección general de gestión del medio natural, de quien depende su servicio, «carece de los medios suficientes» y «no se dispone de los medios materiales adecuados» para abordar las actividades previstas en una propuesta interna del departamento que dirige Rafael Blasco para la «Realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los mismos y vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado ambiental en el ámbito de la Comunidad Valenciana correspondiente al año 2005». Precisamente el servicio de evaluación de impacto ambiental tiene asignadas las competencias para realizas tanto las «evaluaciones de impacto ambiental, como su estudio y declaración» además del «seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en las declaraciones establecidas en las declaraciones de impacto». Igualmente, informa sobre los «instrumentos de planeamiento urbanístico y la instrucción de expedientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas».
Incremento urbanístico
La alerta de la jefa de servicio de impacto ambiental resulta especialmente delicada en un año en el que la Conselleria de Territorio ha registrado un incremento considerable de los planes de actuación urbanística (PAI) presentados al calor del fin de la moratoria de un año concedida a las normas urbanísticas previstas en la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (LOTPP) que entraron en vigor el pasado 1 de julio.
Como ya informó este periódico, en apenas unos meses se han presentado, sólo en la provincia de Valencia un total de 25 campos de golf y 57 PAIS para construir 104.000 viviendas. Antes de que se apruebe el anteproyecto de la ley reguladora de campos de golf también prevén entorno a las 200.000 viviendas y 67 campos de golf en toda la Comunidad.
El colapso al que puede llegar el servicio de evaluación de impacto ambiental ante tal volumen de trabajo, está relacionado, además, con el periodo turbulento de ceses, relevos, cambios o abandonos que se han registrado desde 2003 en la Conselleria de Territorio. Como ha publicado este periódico, una decena de técnicos y altos cargos han abandonado en ese periodo la Conselleria de Territorio y Vivienda. Precisamente, uno de ellos fue el anterior jefe de servicio de impacto ambiental quien, como publicó Levante-EMV, prefirió volver a su plaza de funcionario en Albacete -de menor rango y sueldo-. Su renuncia estuvo acompañada de un documento en el que criticaba que Rafael Blasco derivara la elaboración de muchos informes de impacto ambiental a la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos), lo que éste técnico consideraba «ilegal».
Carencias «inadmisibles»
El responsable de Agua y Medio Ambiente de la ejecutiva del PSPV, Francesc Signes, considera «extremadamente grave» que la conselleria competente para impedir las agresiones medioambientales a través de las declaraciones de impacto ambiental «reconozca que carece de medios suficientes para realizar esta función».
Signes cree «inadmisible» que Territorio «deba acudir a personal ajeno a la administración de forma habitual, como se desprende de la Propuesta del informe de la jefa de servicio». A su juicio, «esta contratación externa arroja serias dudas sobre la objetividad e independencia con que se realizan esas declaraciones». Y es que, de esta manera apunta Signes, «no se puede saber si la misma empresa que presenta el proyecto también evaluará su impacto».
