Regina Laguna, Valencia

La ex líder del PPP (Partido Popular de Pakistán), y sus dos socios en las empresas Petroline y Tempo Global Gains, están imputados por un delito de blanqueo de capitales en un juzgado valenciano.

La investigación dentro del proceso del 11-M para detectar la financiación internacional de células terroristas árabes llevó hasta las transacciones bancarias de Bhutto y sus socios, sin que llegara a probarse que tenían nada que ver con Al Qaeda. «Había contactos con el Gobierno Pakistaní porque se estaban investigando células terroristas de Al Qaeda al igual que con otros países árabes, pero se llegó a la conclusión de que no había ninguna conexión sino que era un aprovechamiento particular de un grupo de personas», señalaron fuentes cercanas.

Por esta razón, la Audiencia Nacional y Anticorrupción pasaron el caso a la Fiscalía de Valencia, que se encargó de formular una denuncia ante el juzgado competente territorialmente, en este caso el 3 de Ontinyent, lugar donde se domiciliaban los pagos, en una sucursal de Bancaja.

Movimiento no justificado

«En el momento en que hay un movimiento de capitales no justificado por una actividad comercial o industrial, la maquinaria se pone en marcha», explicaron las mismas fuentes. Fue entonces cuando «existe la sospecha de que esos fondos provienen de comisiones ilícitas durante el mandato de la Primera Ministra en Pakistán», añadieron las mismas fuentes. En las actuaciones judiciales consta una sentencia condenatoria de Bhutto en Berna (Suiza). Con ayuda del Sepblanc, órgano de trabajo del Banco de España que se encarga de la prevención y detección del blanqueo de capitales, se llegó a cuatro cuentas en una sucursal de Bancaja en Ontinyent pertenecientes a la ex líder pakistaní y a dos empresas creadas en un país considerado paraíso fiscal, Emiratos Árabes. Las empresas se constituyeron legalmente en la zona franca del aeropuerto internacional de Sharjah. Se trata de una zona similar a las plataformas petrolíferas en alta mar, que «gozan de liberalidades en materia impositiva». Desde junio de 2003 hasta octubre de 2004, fecha en que la Fiscalía interpuso la denuncia, y pocos meses después del atentado del 11-M, el Sepblanc detectó transferencias bancarias por varios millones de euros en dólares y libras esterlinas, procedentes de importantes entidades bancarias domiciliadas en Londres (Reino Unido) y Ginebra (Suiza).

Una de las primeras transferencias fue de 162.000 euros, la segunda, ya ascendió a 547.000 dólares y la tercera dobló hasta 1.300.000 dólares USA. Las siguientes transferencias fueron aumentando las cantidades, que llegaron en otras divisas, como libras esterlinas. Al mismo tiempo, detectaron compras de inmuebles, como el chalé de Marbella, por un importe de medio millón de euros. Todo ello fue inmovilizado por el juzgado automáticamente a petición del fiscal.