Juan A. Blay, Madrid. corresponsal
«La querella de la Fiscalía Anticorrupción tiene una motivación política. Todo este jaleo es una intoxicación y un absurdo, todo ha sido legal y profesional», afirmó ayer el ex gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, en declaraciones a Levante-EMV. Fernández del Río, arquitecto de profesión, es una de las seis personas denunciadas por el ministerio público en una trama de corrupción urbanística que ahora investigará el juzgado de instrucción número 2 de Móstoles (Madrid).
El que fue gobernador civil de Valencia durante el 23-F y la pantanada de Tous reconoce que mantiene una estrecha relación personal y profesional con Enrique Porto, el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que tuvo que dimitir el pasado año cuando salieron a la luz pública irregularidades en una operación urbanística en la localidad de Villanueva de la Cañada, cercana a Madrid, uno de los centros de desarrollo de alto nivel residencial. La trama, según la Fiscalía Anticorrupción, reúne a cargos del PP, incluido el alcalde de la localidad y su mujer, también arquitecta, y dos funcionarios. Pero según Fernández del Río «todo este barullo es un burdo montaje ya que todo se ha desarrollado conforme a la legislación de cada momento». Tras reiterar que personal y profesionalmente siempre ha estado vinculado a esta localidad madrileña, admite que hace 12 años adquirió unas parcelas con una superficie de 25.000 metros cuadrados para una sociedad, Elclansol, de la que también son socios Enrique Porto y Ricardo Ortega, concuñado del alcalde. «Fue una operación normal a precios de mercado que tuvo un coste de unos 60.000 euros», indica Fernández del Río.
En su opinión, el hecho de que su gabinete de arquitectura, Plarquin, del que también era socio Enrique Porto, se hiciera cargo del desarrollo de uno de los planes parciales, El Portillo, previstos en el PGOU «es normal; siempre hemos creído en el desarrollo de esa localidad», señala. La redacción inicial del citado plan fue rechazado por la autoridad autonómica en marzo de2003, lo que Fenández del Río atribuye a «los cambios constantes de la legislación sobre urbanismo».
La aprobación final de ese plan parcial, con su amigo Porto al frente de la dirección general de Urbanismo, la atribuye a una mera circunstancia. «Él estaba en ese puesto como podía estar el $27sursum corda$27, porque le tocaba. No hay nada más», explica con naturalidad. Sin embargo, según la denuncia, la aprobación de la nueva redacción, que también hizo Plarquin, se realizó gracias a una mediación expresa de Porto.
El caso es que tras la nueva situación urbanística los terrenos de Elclansol son vendidos «también a precio de mercado», según el ex gobernador, lo cual reporta a la sociedad 4,6 millones de euros. En su opinión en esa vidente revalorización «se beneficiaron cientos de vecinos de Villanueva de la Cañada».
En relación con el pelotazo urbanístico Fernández del Río niega esa situación. «Hay que tener en cuenta que en 12 años ha habido gastos de mantenimiento, devolver el crédito para la compra, la depreciación del dinero y otros. Yo habré ganado con la venta unos 500.000 euros. No hay tal $27pelotazo$27», insiste una y otra vez.
Tras reiterar su confianza en Enrique Porto («sigo poniendo la mano en el fuego por él, como hace un año», dice) el ex gobernador considera que si el juez ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción «será porque piensa que así nos podremos defender mejor de estas acusaciones. No le doy otra interpretación y estoy muy tranquilo».
En cualquier caso, traslada a Levante-EMV su preocupación por la forma de actuar de la fiscal que ha llevado el caso. «Se está manejando documentación que ha sido robada de mi despacho, como podré demostrar en las diligencias, pero me sorprende que la fiscal no haya querido recibir documentos que le he querido aportar ni me los haya pedido», expone en tono crítico.
