22 de junio de 2017
22.06.2017

Benaguasil lamenta el «carpetazo» a la CV-50

La Conselleria de Obras Públicas recuerda que fue Isabel Bonig quien inició los trámites para resolver el contrato con la concesionaria en 2012

21.06.2017 | 21:30
Benaguasil lamenta el «carpetazo» a la CV-50

El tramo de la variante de Benaguasil de la CV-50, que debería enlazar la CV-35 y la A-3, no se ejecutará. El Consell dio «carpetazo» a este tema tras resolver a principios de este mes el contrato con la concesionaria de mutuo acuerdo, que le costará a la administración el pago de una indemnización de 2,6 millones de euros a la UTE «Autovía del Camp del Turia S.A.» Pero esta decisión ha soliviantado al Ayuntamiento de Benaguasil, desde el que consideran que la medida «ha supuesto un jarro de agua fría» para su municipio.

De hecho, ante el anuncio de la resolución de contrato, el consistorio emitió un comunicado en el que insistía en que «esta infraestructura es vital para el desarrollo no sólo de Benaguasil sino de toda la comarca y, por ende, para generar riqueza». «Si el tramo pendiente no se ejecuta es porque no hay voluntad política de hacerlo», criticó el alcalde, el popular José Joaquín Segarra, que argumentó que «con esta infraestructura Benaguasil y la comarca se convertirían en un polo de atracción de inversiones que generarían puestos de trabajo».

No obstante, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio recordaron que fue la anterior consellera, la actual presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, quien inició en 2012 los trámites para la resolución de esta concesión.
Eso sí, hasta ahora, aseguran, no se había iniciado ningún procedimiento para ello. Es más, la actual conselleria asegura que, desde el mes de mayo de 2009, no se había realizado ninguna actuación efectiva, precisamente desde el momento en que se convocó a la concesionaria a realizar el acta de comprobación del replanteo de los terrenos necesarios para ejecutar la obra. Es decir, desde entonces, el procedimiento se encontraba completamente paralizado.

Tras ocho años sin movimiento administrativo alguno, la actual conselleria ha llegado a un acuerdo con la UTE para resolver el contrato con una indemnización de 2,6 millones, de euros que corresponden a gastos generados por los proyectos que ya se han realizado.
Fuentes de la conselleria insisten en que se ha optado «por la solución legal que implica menos perjuicios para el erario público». Y como ejemplo ponen la indemnización de 9,5 millones que una sentencia judicial le ha obligado a pagar al Consell por un caso similar en la construcción de la CV-95, en el sur de Alicante.

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