Una vez iniciado el trámite para derogar el Plan Parcial del Cànyoles y desprogramar el suelo industrial, los dueños de los terrenos afectados dispondrán de 45 días para presentar alegaciones. Se trata de un proceso administrativo largo que ha impedido al gobierno municipal definir un horizonte temporal claro sobre cuándo comenzará a aplicarse la rebaja en los recibos del IBI que abonan los propietarios agrícolas. La asamblea anual que el viernes celebró la Asociación del Cànyoles afloró el malestar de los afectados porque la medida aún no será efectiva en 2016. El colectivo planteó incluso un impago colectivo de la contribución a modo de protesta. Preguntada en el pleno del sábado, la edil de Urbanismo, Cristina Suñer, dijo que la desprogramación del sector será comunicada a Catastro para que aplique la normativa prevista tan pronto como sea posible y reiteró que habrá «bajadas de hasta el 95%» en el IBI de la zona. Además, se comprometió a seguir el mismo proceso con el resto de PAI paralizados en Xàtiva.
