El PP de Enguera ha desempolvado un acuerdo adoptado por el equipo de gobierno del PSOE en 1989 para echar en cara a esta formación la concesión de una licencia de obra en suelo rústico con el informe en contra del secretario municipal. De este modo, los populares quieren defenderse de las acusaciones de los socialistas, cuya denuncia ha conducido al procesamiento del exalcalde Santiago Arévalo y de todos los concejales que formaban parte de su junta de gobierno, incluido el actual portavoz del PP, José Simón, por los permisos de edificación de 6 adosados otorgados en la misma zona hace dos legislaturas.
El PP subraya que el acuerdo de 1989 autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar en el camino del Vapor pese a que el secretario advirtió de que la resolución constituía «una infracción urbanística grave» que vulneraba el ordenamiento jurídico y era «manifiestamente ilegal», cuestiones por las que ahora los socialistas arremeten contra los populares. Al mismo tiempo, éstos últimos han salido en defensa de la actuación por la que serán juzgados varios de sus exediles al señalar que «solucionó el problema de la urbanización», en una zona al margen del ordenamiento. Además, aseguran que el alcalde no tenía informes en contra y que se ejecutó «sin coste para los vecinos» tras un acuerdo alcanzado con una entidad financiera para edificar el suelo.
El anterior gobierno municipal autorizó el permiso de obras condicionado a un futuro PGOU que catalogaba la parcela como urbana y cuya aprobación quedó posteriormente paralizada. Como ocurrió hace 26 años, los técnicos también advirtieron al ejecutivo popular de que el plan provisional actualmente vigente no es suficiente para avalar la licencia concedida, que además implicaba una reclasificación de suelo sin la autorización de la conselleria.
«Persecución personal a Simón»
Como ayer avanzó Levante-EMV, el alcalde de Enguera, Óscar Martínez, ha cesado al portavoz del PP, José Simón, de la junta de gobierno local a raíz de su procesamiento por el asunto de los adosados. Aunque el munícipe dio a los populares la posibilidad de nombrar a un sustituto, éstos han declinado la oferta. La formación subraya que el proceso judicial que afecta a Simón «es consecuencia de la persecución personal a la que se le somete por algunos miembros miembros de la agrupación socialista, como única parte presentada en dicho proceso». El PP recalca que «no se trata de imputaciones por corrupción, sino sobre actuaciones meramente administrativas» y acusa al PSOE de «manchar el nombre» de su portavoz.
