«Es una injusticia que se quieran apropiar de algo que hizo mi corporación pensando en el beneficio para los ciudadanos. Lo que se cobre será gracias a nuestro trabajo». Con esta afirmación, el exalcalde de Enguera, Santiago Arévalo (PP), ha salido al paso de las manifestaciones efectuadas por su sucesor en el cargo, Óscar Martínez (PSOE), a raíz de la sentencia que, como avanzó Levante-EMV el miércoles, ha reconocido al ayuntamiento de esta localidad el derecho de percibir 2,91 millones de euros del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) liquidado a la empresa concesionaria de los parques eólicos.
Arévalo ha recordado que el procedimiento administrativo para reclamar a Acciona el pago del tributo se desarrolló bajo su mandato, tras sostener Martínez que fue su corporación la que lo solicitó. La liquidación definitiva del impuesto se aprobó en la junta de gobierno del 13 de mayo de 2015, apenas 11 días antes de las elecciones municipales que dieron la victoria a los socialistas.
El ayuntamiento notificó el acuerdo a la empresa, que lo impugnó por la vía administrativa. La primera junta de gobierno de la nueva corporación, en julio, desestimó el recurso de reposición y Acciona acudió a los tribunales, que en primera instancia han dado la razón al consistorio. Arévalo „ahora alejado de la primera línea política„ pone en valor el trabajo desplegado y relata los múltiples obstáculos que desde el primer momento se encontró el ayuntamiento en su camino frente a un gigante como Acciona.
La licencia de obras de los parques eólicos se concedió en 2008. «En un primer momento calculamos el ICIO como entonces marcaba la jurisprudencia», mantiene el exalcalde. Para cuantificar el impuesto, únicamente podía imputarse a la base imponible la obra civil, por lo que se descontó el coste de todas las obras subsidiarias externas, como la maquinaria o el cableado instalado. En 2010, sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo avaló la posibilidad de incluir estos gastos.
Desde el momento en que se emitió la certificación final de las obras, en septiembre de 2011, Enguera disponía de 4 años para girar la liquidación definitiva del impuesto y evitar que el derecho de cobrarlo prescribiera. En enero de 2015 se inició el procedimiento que dio pie a emitir una nueva valoración, en base a unos informes que apreciaron desajustes entre el proyecto de Acciona y la obra ejecutada. Arévalo afirma que el proceso se prolongó tanto por la complejidad del caso, sus peculiaridades y la envergadura de la empresa de los parques, con un gabinete jurídico muy potente. «No podíamos dejar ningún resquicio y no queríamos precipitarnos. El expediente está muy bien atado gracias a una base legal sólida». El ayuntamiento dejó el caso en manos de un bufete especializado, contratado por 21.000 euros . «El PSOE criticó el coste, pero se trataba de una pequeña inversión teniendo en cuenta que había en juego 3 millones», indica Arévalo.
«Lo usan como arma política»
El exalcalde niega que su ejecutivo exigiera el ICIO por la presión de los socialistas, a quienes ahora pide que «no viertan falsedades». «En 2011 nos acusaron de perdonar el impuesto a la empresa, cuando si hubiéramos reclamado en ese momento hubiéramos perdido. Usan los parques eólicos como arma política», opina. Arévalo defiende que siguió «siempre» las pautas de la Asociación de municipios con instalaciones de energías renovables.
