La comisión constituida en las Corts para esclarecer las irregularidades detectadas en la adjudicación de plazas de accesibilidad social en las residencias de mayores durante la etapa de gobierno del PP en la Generalitat ha puesto la lupa de la investigación sobre la residencia Novaedat de Xàtiva y sobre las gestiones desplegadas por el ayuntamiento para que el edificio se construyera en unos terrenos de titularidad municipal.
Compromís, PSPV, Ciudadanos y Podemos pactaron el lunes la citación de 14 nuevos comparecientes en la comisión, entre los que se hallan, además del exalcalde Alfonso Rus y su supuesto comisionista Marcos Benavent, el exconcejal de Urbanismo y exdiputado del PP Vicente Parra y el vicesecretario municipal Eduardo Balaguer.
Según expone Concepción Andrés, diputada del PSPV, la ronda de declaraciones acordada por los grupos parlamentarios persigue aclarar las sospechas relacionadas con la construcción, la obtención de terrenos y los cuestionados movimientos accionariales en el seno de la inicial adjudicataria. La decisión obedece a la documentación recabada, a las comparecencias previas y a las grabaciones del caso Taula examinadas en el marco de la comisión, que arrancó en enero de 2016 y ha celebrado 11 sesiones.
El concurso de la residencia de Xàtiva lo ganó en 2001 una UTE conformada por la empresa zaragozana Gabinete Técnico y Social y Crespinell, SL, una sociedad «fantasma» sin experiencia previa que se adjudicó otros 4 geriátricos en la época del conseller Rafael Blasco -hoy en prisión por el caso Cooperación-, con quien se relaciona a su administrador. Esta mercantil, vinculada a otros casos investigados como el fraude de las ITV, subrogó después la concesión sucesivamente a otras dos sociedades «dormidas» del vivero del empresario de Ontinyent Ramón Cerdà, al que también recurrieron los protagonistas de otros escándalos de corrupción como Gürtel o Nóos. La subrogación obtuvo el benaplácito de la conselleria.
La UTE terminó vendiendo todas las acciones de sus empresas a una constructora andaluza y a un grupo hotelero, una operación que le habría reportado 240.000 euros. Cuando las nuevas propietarias quebraron, la concesión de la residencia terminó en manos de Caja Rural del Mediterráneo. Giesmed, una firma controlada por la entidad de crédito, vendió el contrato a la constructora Gerocleop en 2006. Habían pasado 5 años desde la adjudicación inicial y la residencia seguía siendo un mero proyecto. Concepción Andrés hace hincapié en que, a pesar del incumplimiento flagrante del pliego de condiciones -que fijaba un plazo de 24 meses para poner en marcha el centro- , la conselleria nunca apercibió a la UTE ni instó a resolver el contrato. La diputada socialista ve indicidios de un presunto trato de favor a las empresas que confluyeron en el proceso en esta «situación irregular».
En diciembre de 2006, Bienesatar Social autorizó la cesión del contrato solicitada por Gerocleop, sin experiencia en el sector. Dos meses antes, sin embargo, la junta de gobierno de Xàtiva ya había dado luz verde a la concesión de terrenos públicos a Gerocleop para hacer la residencia, tal como reveló la diputada de Compromís Mónica Àlvaro en una de las sesiones de la comisión. La empresa había solicitado la licencia de obras en agosto. Àlvaro también aireó un informe del secretario del ayuntamiento incluido en el expediente que cuestionaría la forma de proceder del ejecutivo de Rus.
«Esta operación no nos cuadra porque la empresa no reunía la solvencia técnica exigida en los pliegos», manifestó el diputado de Ciudadanos David De Miguel en otra de las sesiones. Éste tiene la impresión de que la UTE se creó para acceder al concurso y «deshacerse» luego de la residencia.
Otra cuestión nuclear es el cambio de ubicación del geriátrico. Gerocleop pidió trasladar el edificio a la parcela de titularidad pública ofrecida por el consistorio frente a Apache porque, según explicó el consejero de la compañía Marcos Turró en la comisión, «el terreno original que tenía Caja Rural adjudicado en concesión no nos parecía adecuado» porque estaba alejado del casco urbano.
La mercantil encontró la solución perfecta a sus planes en una finca cedida por el ayuntamiento en régimen de concesión a cambio de un canon de 8.000 euros anuales. El edificio, de 5.300 m2, abrió sus puertas en verano de 2008, con 120 plazas ofertadas, 80 conveniadas con la conselleria. Turró dijo en la comisión que habían desplegado una inversión de 8 millones en Xàtiva, aunque realmente el presupuesto no pasó de los 5. El empresario negó haber pagado mordida alguna por la residencia.
«Un peaje de 20 kilos»
En sus declaraciones ante la Guardia Civil, el exconcejal de Xàtiva Marcos Benavent implicó al presidente de Cleop, Carlos Turró -también citado por la comisión-, en el pago de un supuesto «peaje de 20 kilos» por la construcción del Novaedat. El exyonki del dinero se ofrecía ante las empresas como «conseguidor» de plazas subvencionadas por la Generalitat que Rus pactaría «con el conseller de turno», garantizando ingresos fijos a las mercantiles que aspiraban a gestionar los geriátricos.
El exedil de urbanismo de Xàtiva, Vicente Parra, desconocía ayer la citación, pero se mostró sorpendido y dijo que quien ha de dar explicaciones es Benavent.
