El Ayuntamiento de Xàtiva ha solicitado por escrito a la juez Susana Company que suspenda hasta 2018 la ejecución de la sentencia que en diciembre condenó a la administración local por la vía civil a devolver al empresario Luis Mollá la cantidad de 379.654 euros, a raíz del incumplimiento del contrato por el cual la mercantil Agrícola Xàtiva, SA adquirió una finca del polígono Meses en una subasta pública promovida por el gobierno de Alfonso Rus en 2005.
Como avanzó Levante-EMV, en febrero la magistrada titular del juzgado de instrucción nº1 de Xàtiva estimó las pretensiones del empresario, acreditó la condición de acreedor de Mollá y ordenó al ayuntamiento el cumplimiento del fallo de manera inmediata. Descolocado por una condena que no entraba en las quinielas, el equipo de gobierno alega que el pago de la deuda generaría un descuadre en el presupuesto de 2017, puesto que el importe no se contempla en ninguna partida.
Para reforzar este argumento, la corporación municipal empuña como prueba un informe elaborado por la interventora que atestigua la ausencia de crédito presupuestario. A la espera de que la juez todavía se pronuncie sobre si admite la propuesta de aplazamiento, el ejecutivo que preside Roger Cerdà tiene previsto apuntalar su estrategia en los tribunales con la aprobación „en el pleno del próximo sábado„ de un acuerdo de reconocimiento de plurianualidad mediante el cual el ayuntamiento se comprometería a abonar 95.000 euros anuales entre 2018 y 2021, hasta liquidar el pasivo reclamado por el empresario. Con este documento, la citada cantidad quedaría comprometida en los presupuestos de los próximos cuatro ejercicios.
De forma paralela, el consistorio mantiene un recurso de reposición contra la sentencia de primera instancia, aunque podría tardar un año en resolverse. Por eso, el equipo de gobierno pide «garantías» para no verse en la tesitura de asumir una deuda que luego puede ser revocada por los tribunales.
Luis Mollá, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre, fue compañero de partido de Alfonso Rus en el CDS primero y en AIX después. Ambos compartieron negocios vinculados al ladrillo y, en el momento de la operación que ha motivado el litigio, figuraban como administradores solidarios de Promociones MR, SA, empresa constituida en 1988 y dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios.
Préstamo de 1,1 millón de euros
A través de Agrícola Xàtiva, otra sociedad dedicada a la compraventa de parcelas, Mollá adquirió los 1.695 m2 de terrenos públicos subastados junto a la carretera de Simat por 279.000 euros. Pero los planes de negocio del empresario no fraguaron y en 2012 la mercantil instó al consistorio a resolver el contrato de compraventa y a devolverle el dinero abonado. La firma acusó a la administración local de entregar un inmueble «distinto del pactado» que «no servía al fin pretendido» porque carecía de accesos y porque su uso -definido como comercial en el planeamiento- resultaba incompatible con la gasolinera que se pretendía instalar y que nunca se materializó porque la conselleria no dio luz verde a los accesos planteados.
Los casi 400.000 euros de la condena finalmente no han podido incluirse en el préstamo que el consistorio va a suscribir con Caixa Ontinyent por importe de 1,1 millones para indemnizar a varios propietarios de la Ciutat de l'Esport (527.000 ?) y saldar deudas con Repsol por la expropiación de los terrenos de la antigua gasolinera de la Font del Lleó (330.000 ?).
