Partidas hinchadas, errores mayúsculos derivados de la falta de previsión y graves omisiones. El modificado del plan urbanístico de la Cooperativa de Moixent que desembocó en la paralización de las obras en 2016 presupuestaba unos sobrecostes de 72.231 euros sobre las previsiones iniciales del PAI, cuyo desarrollo el ayuntamiento adjudicó por 243.893 euros. Un incremento de gasto del 30% que la dirección de la obra justificó por una serie de contratiempos, imprevistos y trabajos complementarios, pero que no fue aceptado ni por la constructora ni por el consistorio, promotor de este programa que engloba un área industrial de 21.000 m2 .
Como ayer informó Levante-EMV, el pleno municipal de Moixent anuló en abril todos los trámites relativos al PAI aprobado en 2012 después de que unos informes encargados por el actual alcalde destaparan un cúmulo de irregularidades administrativas y urbanísticas susceptibles de ser constitutivas de delito a lo largo del procedimiento. Las responsabilidades se centran de momento en el equipo técnico al que la administración adjudicó a dedo la redacción de los proyectos, obviando la ley de contratos y a pesar de las incompatibilidades en las que habrían incurrido tres empleados municipales y un ingeniero que antes había diseñado el Plan General y que, por ello, carecía de legitimidad para participar en el PAI. Los tres técnicos municipales no solo compaginaron sus funciones de control y supervisión en el ayuntamiento con la redacción del plan urbanístico y el cobro de honorarios, sino que también asumieron la dirección de obra.
En noviembre, un informe del actual arquitecto municipal de Moixent imputó la mayor parte de los sobrecostes investigados a la mala praxis de los técnicos y libró a los propietarios incluidos en el PAI de tener que asumirlos.
El modificado, presentado por la dirección facultativa con las obras ya iniciadas, introducía cambios muy cuestionados sobre el proyecto original de 2012. Por ejemplo, fijaba un gasto de 5.512 euros por el uso de un martillo hidráulico para eliminar un afloramiento rocoso imprevisto que había surgido durante las labores de desmonte y cavado de zanjas en los terrenos. Tras cotejar precios con el Instituto Valenciano de Educación, sin embargo, el arquitecto estimó el valor real de los trabajos en 1.452 euros, 4 veces menos respecto al desembolso pretendido. Según su informe, los técnicos incumplieron la obligación de emitir un precio unitario contradictorio antes de ejecutar la actuación, de la que no informaron.
Como «hechos sobrevenidos», también se incluían una serie de exigencias de Egevasa en la medición de las conducciones de agua potable, puesto que se proyectaron tuberías que no eran acordes a la normativa y resultaban demasiado pequeñas para abastecer bocas de incendio. El informe atribuyó este gasto extraordinario a un error de previsión de los redactores del plan, que no pidieron informes previos de las condiciones requeridas por las compañías suministradoras de la luz o el agua antes de las obras. La misma falta de celo originó la inclusión en el modificado de otros trabajos complementarios relativos a la instalación de telefonía o a las dimensiones de las líneas de media y alta tensión.
Alcantarillado «fantasma»
Otro fallo garrafal: la dirección facultativa presupuestó 6.000 euros adicionales al proyecto inicial para incrementar la longitud de la red de saneamiento del PAI, tras descubrir -con las obras comenzadas- la inexistencia de conducción alguna de alcantarillado en un tramo de calle donde los técnicos «creían» que la había, en base a meras suposiciones. Esta es una de las muchas omisiones que el informe considera inexplicables, teniendo en cuenta que los redactores del proyecto habían trabajado «muchos años» en la localidad y habían redactado todos los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística de Moixent, incluyendo el PGOU y varios PAI.
El estudio del arquitecto constituye una enmienda a la totalidad del trabajo de la dirección del programa urbanístico y da cuenta de otras chapuzas similares por las que se rechazó el pago de los sobrecostes, algunos de los cuales llegaron a ejecutarse sin autorización y sin proyecto alguno.
El documento va un paso más allá al indicar que, a pesar de que el propósito principal del PAI era la legalización de la cooperativa San Pedro, los errores del plan podrían haber conducido a un escenario kafkiano, en el que, tras las obras, la entidad se quedara sin acceso a suministro eléctrico ni agua.
Y aún hay más: dentro del expediente administrativo aparece una factura de 9.000 euros más IVA emitida por una mercantil por los proyectos eléctricos y de alumbrados presentados por el ingeniero municipal a Iberdrola en mayo de 2015. Un incremento «no justificado», que dobló la partida de gasto prevista inicialmente en 2012, cuando se fijó su coste en 4.164 ?.
