La Audiencia Provincial de València ha dado carpetazo definitivo a la querella que presentó un empresario de Alzira tras las elecciones de 2015 por el supuesto amaño de la adjudicación de la planta de basuras de Llanera de Ranes en 2009. La sección 3ª del órgano judicial ha desestimado el recurso del propietario de la constructora Promourbem, SL contra el sobreseimiento provisional del caso, decretado en diciembre.
El denunciante declaró en sede judicial que otro empresario le pidió una mordida de 3 millones de euros a cambio del contrato. El susodicho era Ramón Lis, a quien el «exyonki del dinero» Marcos Benavent definió ante la Guardia Civil como «íntimo amigo de Alfonso Rus y una especie de gestor de sus inversiones». Lis, sin embargo, falleció 5 meses antes de que el constructor de la Ribera decidiera acudir al juzgado, 6 años después del presunto intento de soborno.
En un auto emitido el 2 de junio que no admite recurso, la Audiencia concluye que «los hechos que justificaron la incoación del presente procedimiento no han quedado acreditados ni siquiera a nivel indiciario». La resolución subraya que, tras la muerte de Lis, «cualquier especulación acerca de quién o quiénes pudieran haber sido los destinatarios últimos de dicha suma de dinero carece de todo apoyo probatorio». A pesar de los intentos de la defensa de relacionar la mordida con el escándalo que apartó de la política a Rus, no se aporta «ninguna prueba que pueda relacionarlos». El auto es taxativo al respecto: «No puede sustentarse una imputación en noticias de prensa».
El propietario de Promourbem, que compitió en el concurso de las basuras de 5 comarcas de interior y la costa de la mano de Urbaser, dirigió su denuncia por vía penal hacia las empresas que finalmente ganaron el contrato (FCC y Dimesa) y el expresidente del Consorcio de Residuos (COR), Vicente Parra. Además del exconcejal del PP de Xàtiva y los responsables de la UTE concesionaria, también tuvieron que declarar como investigados los funcionarios que validaron la contratación. Todos han terminado absueltos.
La Audiencia rechaza reabrir el debate sobre la legalidad del pliego de condiciones y la adjudicación del concurso por 400 millones de euros, teniendo en cuenta que, por la vía contenciosa, ningún recurso prosperó y todas las sentencias firmes son favorables al COR. Aunque el informe técnico que propuso la elección de la oferta de FCC-Dimesa no fue unánime, los dos funcionarios que emitieron un voto particular en contra dejaron claro en sede judicial que su discrepancia con la mayoría «se limitó a cuestiones técnicas puntuales y que en modo alguno observaron ilegalidad alguna».
«¿Quién repara el daño?»
Fuentes próximas a los investigados manifiestan su satisfacción por la decisión judicial tras el «vía crucis» que aseguran haber vivido desde 2015. «Ha sido muy doloroso soportar las consecuencias de una denuncia injusta, sin fundamento, más fruto de la frustración que no de la razón», sostienen. «¿Quién repara el daño a las personas sometidas a medidas judiciales y las repercusiones que han sufrido las empresas involucradas?», se preguntan. Medios cercanos a las defensas tachan la denuncia de «despropósito» y opinan que el querellante «debería pedir perdón». El proceso judicial fue uno de los argumentos esgrimidos por los nuevos gestores del COR para que en 2016 se anulara el proyecto de Llanera. Un año después, el Consell aún no ha resuelto el expediente y no se ha definido el nuevo mapa de instalaciones.
